La Sala Plena de la Corte Constitucional debatió el pasado jueves 21 de mayo dos ponencias que piden tumbar la Ley de Encuestas (Ley 2494 de 2025). Esta norma, respaldada por el Gobierno y polémica entre las firmas encuestadoras, modificó los requisitos para los sondeos de intención de voto con el fin de garantizar la información en el debate político y las campañas electorales.
La ley establece parámetros de muestreo, márgenes de error, niveles de confianza y criterios mínimos de representatividad, además de obligaciones adicionales en la divulgación de fichas técnicas y la creación de la Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Dos expedientes en juego
Según conoció EL TIEMPO, la alta corte tiene abiertos dos expedientes. El magistrado Juan Carlos Cortés estudia la demanda total presentada por Juan Manuel López Molina, mientras que la magistrada Paola Meneses revisa la demanda parcial de José David Riveros Namen. Ambos expedientes se revisaron en la Sala Plena este jueves y el resultado preliminar indica que una ponencia podría tumbar toda la ley y la otra, casi todos sus puntos clave.
Controversia y posturas encontradas
La ley ha generado polémica porque sectores políticos y firmas encuestadoras señalan que debió tramitarse como ley estatutaria o que vulnera la libertad de expresión y la participación política. Los magistrados ponentes se alinean con esta postura, contrario al concepto de la Procuraduría, que considera la norma constitucional y afirma que no impone censura previa, sino que fortalece la transparencia y la calidad del debate público.
El impacto en las encuestas y el CNE
Paralelamente, dentro del CNE se desató una pelea interna por la suspensión de encuestas de Atlas Intel, que presenta resultados para Revista Semana. La magistrada Fabiola Márquez emitió una resolución suspendiendo temporalmente esos sondeos por posibles irregularidades metodológicas, pero el CNE revocó la medida cautelar tras la filtración de un video de una discusión entre Márquez y el magistrado Álvaro Hernán Prada. El ambiente sigue tensionado y el futuro de la ley es incierto a pocos días de la veda electoral previa a la primera vuelta presidencial.