El presidente Petro exige cumplimiento estricto de la ley en Cali
El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un mensaje claro y directo: 'El alcalde de Cali debe cumplir la ley'. Esta declaración surgió luego de que el medio alternativo La Voz del Pueblo denunciara que el alcalde Alejandro Eder autorizó corridas de toros en la ciudad, a pesar de la ley 'No más olé', que prohíbe estas prácticas y cualquier actividad relacionada con el maltrato animal.
La temporada taurina en Cali genera incertidumbre y protesta
Aunque el alcalde Eder no se ha pronunciado oficialmente sobre la temporada taurina programada del 26 al 30 de diciembre, medios locales ya anuncian la venta de boletas para los eventos. Esta situación reaviva el debate en una ciudad donde la 'fiesta brava' despierta fuertes opiniones tanto a favor como en contra.
Terry Hurtado, activista y exconcejal que participó en la redacción de la ley 'No más olé', recuerda que la norma contempla un periodo de transición de tres años desde 2024, con regulaciones para proteger a menores y garantizar el bienestar animal. Sin embargo, señala que intereses vinculados al mundo taurino han impedido la aplicación efectiva de estas medidas.
El alcalde tiene la potestad para prohibir corridas en la ciudad
Según Hurtado, la Corte Constitucional establece que las corridas sólo pueden realizarse en lugares con tradición ininterrumpida, y que el alcalde está facultado para no autorizar estos eventos. Cita el ejemplo de la cabalgata en Cali, prohibida en 2014 por decisión municipal tras la presión ciudadana y de organizaciones animalistas.
‘El alcalde puede autorizarlos, pero no está obligado a autorizarlas... está completamente facultado a no autorizar un espectáculo público y las corridas de toros lo son, como un concierto’.
¿Cómo seguirá la temporada taurina en Cali ante la ley y la presión social?
Con el inicio de diciembre y la cercanía de la Feria, la incertidumbre crece sobre si la temporada taurina se realizará conforme a la ley o si el alcalde tomará una decisión que responda a las demandas sociales y legales. La reglamentación que debe liderar el Ministerio de Ambiente aún no se ha emitido, lo que añade complejidad al proceso de transición hacia la prohibición definitiva.