Un debate que pone en jaque el acuerdo con Venezuela
Este miércoles 15 de julio, la Sala Plena de la Corte Constitucional debatirá la legalidad del Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela para la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo. La ponencia del magistrado Carlos Camargo, a la que tuvo acceso EL TIEMPO, concluye que el acuerdo debió tramitarse mediante una ley aprobada por el Congreso, y no a través de una resolución.
Los argumentos de la demanda
La demanda, admitida en agosto del año pasado, sostiene que el acuerdo —firmado entre el gobierno de Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro— vulnera principios constitucionales, procedimientos legislativos y normas internacionales. Según el demandante, la resolución que creó la Zona Binacional equivale a un tratado internacional y debió ser aprobada por el Congreso y sometida al control previo de constitucionalidad, como lo ordenan los artículos 150, 189 y 241 de la Constitución.
- El memorando contempla cooperación en desarrollo económico, comercio, seguridad, infraestructura e integración territorial.
- Desde su expedición generó polémica por el intercambio de información con el régimen venezolano, señalado por violaciones de derechos humanos.
- La demanda advierte que podría poner en riesgo la autonomía militar y afectar comunidades en Catatumbo, Arauca y La Guajira.
"El acuerdo debió pasar por el Congreso y ser revisado por la Corte Constitucional antes de su entrada en vigor, tal como establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la jurisprudencia de la propia Corte".
El concepto de la Procuraduría
En febrero pasado, la Procuraduría pidió a la Corte declararse inhibida, al considerar que el memorando tiene contenido meramente político y programático, sin carácter vinculante para las partes. Sin embargo, la ponencia de Camargo insiste en que el trámite legislativo era obligatorio.
Lo que está en juego
La decisión de la Corte podría sentar un precedente sobre el control constitucional de acuerdos internacionales y la protección de la soberanía nacional. El fallo se espera tras el debate de este miércoles.