La Procuraduría General de la Nación les solicitó a autoridades nacionales y locales tomar medidas de protección en favor de los jiw, un pueblo indígena que habita principalmente los departamentos de Meta y Guaviare, y que en los últimos años ha enfrentado el riesgo de desaparecer física y culturalmente.
El llamado del Ministerio Público a prestarle toda la atención a la garantía de derechos humanos de los jiw es en particular para la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Alcaldía de Mapiripán, la Gobernación del Meta, la Unidad para las Víctimas, el Bienestar Familiar, la Superintendencia de Salud, Cormacarena y la Defensoría del Pueblo. El refuerzo se basa en que no hay suficiente información sobre el cumplimiento de la Sentencia SU-092 de 2021, en la que la Corte Constitucional ordenó el Goce Efectivo de Derechos para esta comunidad indígena.
Teniendo en cuenta que las respuestas de las entidades requeridas durante la vigencia 2025 evidencian avances administrativos parciales, pero no acreditan el Goce Efectivo de Derechos (GED) ordenado por la alta Corte, el Ministerio Público envió nuevos requerimientos preventivos con el fin de verificar la existencia de resultados ciertos y medibles.
Las entidades tendrán que soportar qué avances hay en el suministro de agua potable, en salud, nutrición, educación y protección integral para la comunidad del resguardo Naexal Lajt, ubicado en Mapiripán, Meta.
El seguimiento a esta situación está a cargo de la Procuraduría Regional de Instrucción Meta, que trabaja con un enfoque diferencial y territorial en búsqueda de que se cumpla lo ordenado por la Corte hace cinco años, y que las medidas requeridas 'no se queden en el papel y se traduzcan en mejoras reales y sostenibles para la vida del pueblo jiw, reconocido como sujeto de especial protección constitucional'.