El 24 de marzo de 2026 se conmemoran cinco décadas desde el inicio de la dictadura militar en Argentina, un período marcado por la violación sistemática de derechos humanos. Entre 1976 y 1983, más de 600 centros clandestinos de detención operaron en el país, donde miles de personas fueron torturadas, vejadas y asesinadas, en su mayoría militantes de organizaciones armadas, pero también civiles inocentes.
Durante la dictadura, aproximadamente 300 bebés nacidos en cautiverio fueron apropiados ilegalmente y entregados a familias militares o civiles afines al régimen, un crimen que continúa impactando a las víctimas y sus familias. Hasta la fecha, solo 140 de estos niños han recuperado su identidad, mientras que alrededor de 160 permanecen en la incertidumbre.
Desde el histórico Juicio a las Juntas de 1985, la sociedad argentina ha reconocido que lo ocurrido no fue un conflicto bélico sino un terrorismo de Estado, donde las Fuerzas Armadas cometieron crímenes comunes como asesinatos, torturas y robos, sin justificación alguna bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo.
“El silencio de los represores dice: 'No nos arrepentimos', 'Hicimos lo correcto' y 'Lo volveríamos a hacer'.”
A pesar de las condenas a varios represores, ninguno ha revelado el paradero de los desaparecidos ni la identidad de los bebés apropiados. La búsqueda de justicia continúa, basada en el respeto de un juicio justo, sin recurrir a métodos ilegales para obtener información.
Recordar este oscuro capítulo de la historia argentina es fundamental para preservar la memoria colectiva, honrar a las víctimas y evitar la repetición de tales atrocidades. El silencio y la impunidad representan un desafío constante para la democracia y la justicia en el país.
Leila Guerriero, reconocida periodista argentina, destaca la importancia de mantener viva esta memoria para enfrentar las consecuencias del pasado y reafirmar el compromiso con los derechos humanos y la verdad.