Un régimen que regulaba la vida privada
En una operación de alta precisión, la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, logró desarticular una red criminal que había instaurado un modelo de 'extorsión totalitaria' en la comuna 13 (San Javier). Tras meses de seguimiento por parte del GAULA y equipos de inteligencia, se efectuaron nueve capturas que liberan a 13 sectores de una presión económica asfixiante que superaba los 200 millones de pesos mensuales en rentas ilícitas.
Entre los detenidos destaca alias Yarlinson, joven de 25 años señalado como el cabecilla principal, y alias La Nana, una mujer de 55 años encargada de la logística criminal. La operación incluyó ocho capturas por orden judicial y una en flagrancia, esta última relacionada con la incautación de un arma de fuego y equipos de comunicación utilizados para coordinar los cobros ilegales.
Un Estado paralelo en la Comuna 13
Lo que diferencia este golpe de otros operativos convencionales es la naturaleza del control ejercido por el GDCO 'El Salado'. Según las investigaciones, la estructura no se limitaba al tráfico de drogas, sino que operaba como un 'Estado paralelo'. La injerencia del grupo llegaba al punto de controlar los precios de la canasta familiar y el transporte público, convirtiendo bienes esenciales en activos para su beneficio ilegal.
Los habitantes de barrios como El Salado, La Loma y Eduardo Santos vivían bajo un sistema de multas arbitrarias. Por ejemplo, los residentes debían pagar hasta un millón de pesos solo por realizar una fiesta familiar sin permiso previo. Además, la organización se autoproclamaba juez en conflictos vecinales, imponiendo sanciones que oscilaban entre $5 y $10 millones de pesos.
En Medellín seguimos avanzando con una ofensiva frontal contra las estructuras criminales que durante años pretendieron imponer miedo y control ilegal en los barrios
Tácticas insólitas y respuesta judicial
Un hallazgo sorprendente dentro del acervo probatorio reveló que alias Yarlinson ordenaba a sus subordinados hacerse capturar voluntariamente. A cambio de un pago de 800.000 pesos, estos integrantes ingresaban a centros de detención con el único fin de introducir estupefacientes.
La contundencia del caso se apoyó en la confianza ciudadana, contando con el testimonio de 12 víctimas y tres testigos claves. Gracias a esto, un juez dictó medida de aseguramiento intramural para todos los procesados, quienes enfrentarán cargos por delitos como secuestro, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y concierto para delinquir agravado.
Con este resultado, la institucionalidad busca consolidar la tendencia positiva en la comuna 13, donde en lo que va de 2026, los homicidios han bajado un 44% y las denuncias por extorsión un 64%.