Juan Espinoza, un venezolano que reconstruyó su vida en Estados Unidos, vio truncado su sueño de expandir su negocio de transporte tras la degradación de su licencia comercial debido a una nueva regulación en Texas. Tras obtener su licencia en 2020 y crecer con un primer y segundo camión, la medida estatal le impidió continuar manejando y lo obligó a contratar choferes, afectando gravemente sus ingresos.
La suspensión de licencias comerciales para asilados, refugiados y beneficiarios de DACA fue implementada el 29 de septiembre de 2025 por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, alineándose con una directriz federal que busca garantizar la seguridad vial tras incidentes con conductores extranjeros y licencias falsas.
Esta normativa impacta a más de 6,400 personas en Texas y se replica en otros estados, dejando sin empleo a miles y generando un efecto dominó en la economía familiar. Documentos de una demanda nacional estiman que cerca de 200,000 inmigrantes con permisos de residencia podrían perder sus trabajos por esta causa.
El caso de Rina Flores, una salvadoreña que perdió su empleo como conductora de autobús escolar tras la degradación de su licencia, ejemplifica el daño social y económico que genera la medida. De un salario estable con beneficios pasó a un empleo precario y menor remuneración, afectando la estabilidad de su familia.
Organizaciones de apoyo a inmigrantes y congresistas demócratas critican que estas decisiones no se hayan debatido en el Congreso, advirtiendo que la medida pone en riesgo el estado de derecho y lleva a miles al borde de la precariedad económica.
Además del golpe económico, los afectados reportan consecuencias psicológicas severas, como insomnio y estrés, derivadas de la incertidumbre y la pérdida de oportunidades laborales tras la suspensión de sus licencias.
“¿Qué es delito acá? ¿Trabajar? Yo venía con muchas ilusiones y de repente me dieron en el ala y me fui a pique”, expresa Juan Espinoza, reflejando la frustración de miles de inmigrantes.
La polémica medida forma parte de una serie de restricciones estatales impulsadas por el gobierno republicano de Texas que limitan derechos y oportunidades de los no ciudadanos, incluyendo la compra de vehículos y acceso a ayudas para educación superior.
Los afectados mantienen la esperanza de que estas regulaciones sean revertidas para poder recuperar sus empleos y continuar aportando al desarrollo económico y social de sus comunidades.