El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, el joven de 18 años que falleció en noviembre de 2019 tras recibir el impacto en la cabeza de una munición disparada por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), durante una jornada de protesta en Bogotá.
Fallo histórico contra la Policía
La decisión fue adoptada por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal, con ponencia del magistrado Juan Carlos Garzón Martínez, que concluyó que existió una falla en el servicio por parte de la institución al clasificar el arma utilizada como “menos letal”, sin informar de manera suficiente a los uniformados sobre su capacidad de causar la muerte.
De acuerdo con la providencia, esa omisión impidió que el agente evaluara de manera adecuada los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad que deben regir el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Protesta legítima y uso desproporcionado de la fuerza
El Tribunal también estableció que las pruebas recaudadas durante el proceso no evidenciaban un escenario de violencia que justificara el empleo de un arma con potencial letal. En ese sentido, señaló que el ejercicio del derecho constitucional y convencional a la protesta no puede convertirse en una circunstancia que permita a las autoridades afectar derechos fundamentales como la vida o la dignidad humana.
La Corporación resaltó que, al momento de los hechos, Dilan Cruz participaba de una manifestación en ejercicio legítimo de su derecho a la protesta y que el hecho de haber devuelto algunos gases lacrimógenos lanzados por el ESMAD no legitimaba el uso de un arma capaz de causar la muerte.
El ejercicio del derecho constitucional y convencional a la protesta no puede convertirse en una circunstancia que permita a las autoridades afectar derechos fundamentales como la vida o la dignidad humana.
Indemnizaciones y reparación integral
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que calificó el caso como una grave violación de los derechos humanos, lo que llevó a incrementar las indemnizaciones reconocidas a los familiares de la víctima por concepto de perjuicios morales, por encima de los montos que habitualmente se conceden en este tipo de procesos.
Como medida de reparación integral, la sentencia ordenó al comandante de la Policía Nacional realizar, en representación de la institución, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas a los familiares de Dilan Cruz, al considerar que su muerte ocurrió mientras ejercía de manera legítima su derecho constitucional y convencional a la protesta.
La muerte de Dilan Cruz ocurrió el 23 de noviembre de 2019, dos días después de haber resultado gravemente herido durante las manifestaciones del paro nacional, y desde entonces se convirtió en uno de los casos más emblemáticos sobre el uso de la fuerza por parte del entonces ESMAD en Colombia.