Un revés judicial para la Procuraduría
Luego de meses de revisión, EL TIEMPO conoció que este lunes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le negó a la Procuraduría la medida cautelar con la que buscaba frenar el nuevo modelo para la expedición de pasaportes en Colombia.
La Procuraduría General demandó el año pasado el convenio por más de 1 billón de pesos con el que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal acordaron una nueva ruta para imprimir pasaportes, en reemplazo del esquema que desde hace años tenía la multinacional Thomas Greg.
El pedido del ente de control liderado por Gregorio Eljach se basaba en que al parecer hubo irregularidades al momento de suscribirse el convenio. En ese sentido, pidió tumbar la alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda.
Los argumentos del Tribunal
Para el Tribunal, con ponencia del magistrado José Élver Muñoz de la Sección Tercera, la Procuraduría no cumplió con el requisito de demostrar que era más grave negar la medida cautelar que concederla, y por ende negó la solicitud con la que se pretendía que el Fondo Rotario del Ministerio de Relaciones Exteriores suspendiera los giros de recursos a la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda.
"No se cumple con el requisito consistente en haber demostrado que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla (art. 231.3 CPACA). Por el contrario, decretar la medida sería más gravoso porque la suspensión de los desembolsos podría comprometer, de manera inmediata, la continuidad y la meta de iniciar la prestación del servicio de expedición de pasaportes bajo el nuevo modelo a partir de abril de 2026", dice la decisión con fecha del 27 de julio.
Los detalles del caso
El 14 de octubre, la Procuraduría General a través del delegado Marcio Melgosa presentó una demanda de controversias contractuales, en la que expresó varios reparos al convenio de pasaportes ideado por el gobierno Petro. Uno de ellos, que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda habrían aportado únicamente el 21 % del valor total del negocio, lo que no cumple con el mínimo del 50 % de financiación que deben tener este tipo de convenios internacionales, como establece la norma.
A la par, el Ministerio Público le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que emitiera una medida cautelar, y que ordenara a la Imprenta Nacional "devolver en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio".
Una duda razonable sobre el fondo
Al revisar el expediente, el Tribunal indicó que en esta etapa del proceso se está ante una duda razonable, ya que la demanda se sustentó bajo supuestas irregularidades ligadas al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, alegando que hay una "evidente desviación de poder, al eludir el procedimiento de selección objetiva y los demás requisitos previstos en la norma aplicable al proceso de contratación, vulnerando así los principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva del contratista". No obstante, el convenio se suscribió bajo parámetros del artículo 20 de la misma ley.
"Lo anterior de ninguna manera implica prejuzgar el fondo del asunto, sino que se trata de una simple constatación—que exigirá un análisis más detenido sobre si los presupuestos del parágrafo 1° del artículo 20 se cumplieron efectivamente y si la contratación directa con la Imprenta Nacional se ajustó a dicha norma especial", resaltó la magistratura.
Sobre valores reprochados por la Procuraduría en este proceso contractual, el Tribunal manifestó que la entidad demandante "no aportó, en la solicitud cautelar, un estudio técnico o financiero propio que sustente cuantitativamente el riesgo alegado de afectación al patrimonio público, más allá de dicha comparación". En esa línea, no concedió la medida cautelar y se espera que el expediente ahora tenga una decisión de fondo cuando termine todo su trámite por los estrados judiciales.