En un escenario preocupante para la seguridad nacional, las víctimas de minas antipersonal en Colombia aumentaron un 23 % en 2025, rompiendo la tendencia a la baja que se había mantenido desde 2006. Esta alza impacta especialmente a los miembros de la fuerza pública, quienes representan la mayoría de los afectados en el último año.
El caso de Deily Chacón, una niña de 12 años de Caquetá que perdió una pierna tras pisar una mina, ejemplifica cómo estos artefactos explosivos siguen sembrando terror en zonas donde el conflicto armado persiste. Actualmente, Deily se rehabilita en Bogotá con una prótesis, mientras que otras regiones como Tumaco, Cauca y Catatumbo continúan reportando accidentes similares.
- 2006: 1.224 afectados (434 civiles y 790 fuerza pública).
- 2019: descenso a 118 casos.
- 2020-2024: fluctuaciones entre 104 y 176 casos anuales.
- 2025: repunte a 136 víctimas (93 fuerza pública, 43 civiles).
- 2026 (primeros meses): 14 víctimas registradas.
Según Naciones Unidas, aproximadamente el 17 % del territorio colombiano está afectado por artefactos explosivos, poniendo en riesgo a más de 520.000 personas. La falta de conocimiento sobre el peligro que representan las minas antipersonal agrava la situación, como lo evidencian testimonios de sobrevivientes que han perdido extremidades y ahora trabajan en educación para la prevención.
En recientes incidentes, tres personas resultaron heridas en La Vega, Cauca, y cuatro en el Catatumbo, incluyendo niños, tras detonaciones de minas. Estos hechos confirman que el riesgo se extiende a zonas donde se creía que el fenómeno estaba controlado.
“Cada día se conoce un caso. Es angustiante ver que la gente no sabe identificar los riesgos. Mi llamado es para el Estado: que no se olvide de nosotros”, afirma Maribel, sobreviviente y activista en educación sobre minas antipersonal.
Expertos en el tema, como Duyerney Pabón González de la Fundación CIREC y Alfonso Otoya de la Fundación Barco, insisten en la necesidad de fortalecer la educación y la prevención para reducir la exposición de las comunidades en riesgo, ya que la dinámica del conflicto armado continúa aumentando la amenaza de estos artefactos.