Las decisiones de Venezuela -el pasado viernes- y Chad -este lunes- de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar los trámites para su salida definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI), se suman a las de otros países y coincide con la campaña de la administración Trump contra ese tribunal.
Acusaciones de parcialidad y neocolonialismo
El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a la CPI de acumular expedientes para agredir a los pueblos del 'sur global', entre ellos el país suramericano, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente a su nación de este organismo.
La CPI acumula expedientes para agredir a los pueblos del sur global, incluyendo a Venezuela.
El contexto de las renuncias
Estas renuncias se producen en un momento de creciente tensión internacional, donde varios países han cuestionado la imparcialidad del tribunal. La administración Trump también ha emprendido una campaña contra la CPI, lo que ha generado un clima de desafío a la autoridad del organismo.
La salida de Venezuela y Chad se suma a la de otros países que han abandonado o amenazado con abandonar la CPI, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del tribunal y su capacidad para juzgar crímenes internacionales.