Después de un año y ocho meses de suspensión, Colombia volverá a formar parte del Grupo Egmont, la organización internacional de cooperación contra el terrorismo y los delitos financieros. Así lo confirmó Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quien aseguró que ya están dadas todas las condiciones para que se levante la sanción impuesta tras la revelación del presidente Gustavo Petro sobre la compra del software espía Pegasus en 2024.
El origen de la suspensión
En septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro violó la confidencialidad de información financiera al detallar públicamente la adquisición del software Pegasus. Esto llevó al Grupo Egmont a suspender el acceso de Colombia a sus sistemas de inteligencia financiera, lo que implicó la pérdida de información de al menos 150 unidades financieras internacionales. Aunque las investigaciones no son de alcance penal, los datos son clave para que la Fiscalía colombiana desarrolle casos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los pasos para el regreso
Mejía explicó que la UIAF ya recibió un correo electrónico que certifica el cumplimiento del plan de mejoramiento exigido por el Grupo Egmont. Además, el país ya pagó la suscripción anual, que asciende a unos 50.000 dólares. La decisión final se tomará en la reunión plenaria de la organización, prevista para julio en Azerbaiyán, aunque no se descarta que el levantamiento se anuncie antes por canales informales.
Alerta por posibles infiltraciones en campañas presidenciales
El director de la UIAF también advirtió sobre el riesgo de que recursos ilícitos ingresen a las campañas presidenciales de cara a las elecciones del 31 de mayo. “Tenemos riesgos y amenazas muy fuertes sobre recursos que eventualmente podrían ingresar a distintas campañas. Llamamos a los partidos, candidatos y gerentes a ser cuidadosos con los recursos que reciben”, señaló Mejía, quien instó a prevenir antes de lamentar.
El pasado de Mejía y las críticas
Wilmar Mejía, quien antes dirigió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha sido cuestionado por un episodio de presunta corrupción investigado por la Procuraduría y la Fiscalía. Medios de comunicación lo señalaron como supuesto enlace entre sectores del Estado y las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Al respecto, Mejía negó cualquier vínculo con grupos armados y aseguró que sus acercamientos obedecieron a labores periodísticas y de trabajo de campo. La Procuraduría lo suspendió por tres meses, pero la medida no fue prorrogada, y la Fiscalía no ha anunciado avances judiciales significativos.