La Fiscalía General y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron las grandes ausentes en la audiencia de memoria pública por el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, realizada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Ambas entidades remitieron un informe a la secretaría de la Comisión en respuesta a los interrogantes de las familias de las víctimas, que convocaron este espacio para exponer sus inconformidades frente a la ausencia de verdad, justicia y reparación, 37 años después de la tragedia.
Un caso que se mantiene en indagación
El documento, que fue leído durante la audiencia pública, señala que, tras el atentado ocurrido el 27 de noviembre de 1989, que dejó un saldo de 107 personas muertas, la investigación sigue en etapa de indagación. La Fiscalía reconstruye el largo recorrido judicial del caso y reconoce, al mismo tiempo, las enormes dificultades que ha enfrentado: el paso del tiempo, la muerte de los principales implicados, la pérdida o desorganización de archivos estatales y la falta de pruebas suficientes para avanzar contra nuevos responsables.
El ente acusador sostiene que el expediente permanece en etapa de indagación no por inactividad, sino porque “frente a los principales implicados ya se adoptaron decisiones judiciales de fondo”, mientras que otros murieron o se acogieron a beneficios de sometimiento a la justicia.
Los nombres detrás del atentado
Desde enero de 1991, cuando se abrió formalmente la instrucción, fueron vinculados nombres emblemáticos del extinto cartel de Medellín, entre ellos Pablo Emilio Escobar Gaviria, Jesús Humberto Laverde Muñoz y Brancy Muñoz Mosquera. También aparecen mencionados Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Castaño Gil, Fidel Castaño Gil y Jhon Jairo Velásquez Vásquez, entre otros. La entidad asegura que la investigación permitió establecer una “responsabilidad histórica” de integrantes del cartel de Medellín en el atentado, aunque aclara que muchos de los involucrados fallecieron o ya fueron objeto de decisiones judiciales.
Un crimen de lesa humanidad que no prescribe
Uno de los puntos centrales del informe es que el caso fue declarado crimen de lesa humanidad por la Fiscalía 26 Especializada de Medellín el 25 de noviembre de 2009. Esa decisión convirtió el expediente en imprescriptible, lo que significa que deberá permanecer abierto ante la eventual aparición de nuevas pruebas.
La hipótesis de participación estatal
La Fiscalía también revela que abrió una línea específica para investigar una eventual participación —por acción u omisión— de agentes del Estado pertenecientes al extinto DAS, la Policía o el Ejército. En esa línea, la Fiscalía 42 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos realizó inspecciones judiciales, revisó archivos, tomó declaraciones de exintegrantes del cartel de Medellín y activó mecanismos de cooperación internacional con autoridades de Estados Unidos.
Entre los exnarcotraficantes escuchados estuvieron Roberto de Jesús Escobar Gaviria, Alejandro Alex Arrieta Polanía y alias Popeye. Sin embargo, según el informe, ninguno aportó información “relevante, sustancial o conducente” que permitiera probar participación de agentes estatales.
El testimonio de Carlos Lehder y otras trabas internacionales
En el plano internacional, el expediente también ha tropezado con obstáculos. La Fiscalía pidió testimonios de exagentes del FBI y de antiguos miembros del cartel de Medellín detenidos en Estados Unidos, entre ellos Dandenis Muñoz Mosquera y Carlos Lehder. Pero las diligencias han enfrentado trabas jurídicas y diplomáticas. Las autoridades de EE. UU. exigieron aclaraciones sobre los objetivos de la investigación y el cumplimiento de las llamadas “Regulaciones Touhy”, necesarias para que exfuncionarios federales puedan declarar. La Fiscalía confirmó que Lehder rindió declaración jurada el 24 de septiembre de 2025, aunque su testimonio “no aportó información relevante” para abrir nuevas líneas investigativas.
La JEP se declara incompetente
Por su parte, la JEP (que también faltó y envió una comunicación) señaló que, como los hechos son atribuibles al 'cartel de Medellín', no tiene competencia en su investigación, que abarca únicamente los crímenes cometidos por las extintas Farc y agentes del Estado. "Dado que el atentado al avión de Avianca del 27 de noviembre de 1989 ha sido atribuido al denominado cartel de Medellín, dicho hecho no corresponde, en principio, a asuntos de competencia de la JEP, salvo que se acreditara una relación directa o indirecta con el conflicto armado y con actores sometidos a esta jurisdicción", aseguró en el oficio firmado por el presidente de este tribunal, magistrado Alejandro Ramelli.
"Los elementos recaudados hasta el momento no han aportado información sustancial, conducente ni suficiente que permita vincular penalmente a nuevos responsables", concluye el documento de la Fiscalía.