Una deuda que asfixia a las redes hospitalarias
El progresivo deterioro de la atención y las crecientes barreras de acceso a los servicios asistenciales en el departamento son algunos de los factores que han generado mayor preocupación en la Gobernación del Valle del Cauca. Esta situación, catalogada por la administración departamental como una emergencia humanitaria en salud, se atribuye a la crisis financiera que afrontan las redes hospitalarias públicas y privadas ante la falta de oportunidad en el flujo de capital de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno Nacional.
El impacto en la mortalidad de adultos mayores
Un estudio conjunto desarrollado entre la Gobernación del Valle del Cauca y un doctorado de la Universidad de Oxford identificó de manera preliminar las consecuencias del debilitamiento del sistema médico en los indicadores de supervivencia. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento, precisó que los datos analizados hasta mayo evidencian un aumento del 6.1 % en la tasa de mortalidad de la población mayor de 70 años.
Ante este hallazgo, la funcionaria anunció el inicio de una evaluación coordinada con los comités de urgencias de clínicas y hospitales para estudiar detalladamente las historias clínicas de aquellos pacientes que ingresan en condiciones de máxima gravedad debido a una desatención previa en sus tratamientos.
Incertidumbre por los tiempos de espera y cierre de servicios
Las dificultades operativas de las instituciones médicas generaron barreras significativas en la atención ambulatoria. Actualmente, los tiempos de espera para acceder a consultas con médicos especialistas oscilan entre los tres meses y un año. Esta acumulación de citas retrasadas ha forzado a los centros hospitalarios a priorizar de manera exclusiva a los usuarios que arriban en estado crítico.
- Deuda acumulada de las EPS intervenidas: más de 7 billones de pesos.
- Más de 2.000 servicios cerrados en el departamento.
- Aumento del 6.1 % en la mortalidad de adultos mayores.
- Demoras en citas con especialistas de 3 meses a 1 año.
A este panorama le suman la falta de pagos oportunos, que desencadenó demoras prolongadas en citas y desabastecimiento de medicamentos, obligando a la gobernadora Dilian Francisca Toro a interponer una Acción Popular para buscar la protección de los derechos de la ciudadanía.