Un diagnóstico alarmante sobre la reparación colectiva
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre el crítico atraso que enfrenta el programa de reparación colectiva para víctimas del conflicto armado en Colombia. Según un estudio intersectorial presentado por el órgano de control, apenas el 5 % de los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) reconocidos en el país ha logrado terminar su proceso, a pesar de que la política pública lleva más de una década en implementación.
El informe analizó el comportamiento de la Ruta de Reparación Colectiva entre 2018 y 2025 y proyectó sus resultados hasta 2031, año en que finaliza el mandato de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas. La conclusión del ente de control es contundente: de mantenerse el ritmo actual, para 2031 solo el 9,4 % de los procesos de reparación colectiva habrán sido culminados.
Más de 1.600 comunidades podrían quedar sin reparación
La investigación advierte que más de 1.645 comunidades víctimas del conflicto podrían quedarse sin una reparación integral al cierre de la vigencia de la ley. Actualmente existen 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva reconocidos oficialmente, pero únicamente 60 han finalizado la implementación de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC). Es decir, a este ritmo la reparación podría tardar hasta 300 años.
El reloj de arena de la reparación
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio tiene que ver con los tiempos de ejecución. Según el análisis, el cierre efectivo de un Plan Integral de Reparación Colectiva tarda en promedio cerca de 10 años, duplicando ampliamente los plazos contemplados en la normativa vigente, que son de cinco años.
La Contraloría aseguró que esta demora “constituye un incumplimiento del principio de eficacia” y termina prolongando la afectación de las comunidades, generando escenarios de revictimización. Incluso en fases preliminares como identificación, alistamiento y caracterización, los tiempos reales superan el doble de lo esperado institucionalmente.
Cuestionamientos al manejo de los recursos
El estudio también encontró problemas en la ejecución presupuestal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Entre 2018 y 2025, la entidad recibió $930 mil millones para la reparación colectiva, pero solo ejecutó $539 mil millones, equivalente al 58 % de los recursos asignados.
Para la Contraloría, esta baja ejecución evidencia “serias debilidades de gestión en los planos administrativo, operativo y presupuestal”. Además, el informe señala que existe un desequilibrio entre las medidas implementadas: mientras las acciones simbólicas y de memoria histórica muestran avances importantes, las obras materiales y productivas siguen rezagadas.
De las 18.835 acciones contempladas dentro de los planes de reparación colectiva, apenas se ha ejecutado el 21,94 %. Las medidas de restitución, que representan el mayor peso dentro de los planes, registran el peor nivel de cumplimiento, con solo un 16,19 % de avance.
Alta rotación de funcionarios afecta reparación de víctimas
El trabajo de campo realizado en Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Bogotá permitió identificar fallas institucionales que afectan directamente a las comunidades. Entre ellas, la Contraloría destacó la alta rotación del personal técnico encargado de acompañar las rutas de reparación colectiva.
“La no renovación de contratos implica pérdida de conocimiento, discontinuidad en la relación con las comunidades y desconfianza hacia la institucionalidad”, son algunas de las razones que se señalan el informe. Según los testimonios recogidos por el órgano de control, muchas comunidades han tenido que repetir diagnósticos y reiniciar procesos debido al constante cambio de funcionarios.
Medidas urgentes y un desafío fiscal de $9 billones
Frente a este panorama, la Contraloría pidió adoptar medidas urgentes y sostenibles para fortalecer la capacidad operativa del sistema, mejorar la planeación presupuestal y garantizar estabilidad laboral a los equipos técnicos. Por último, aseguró que completar la reparación integral de las comunidades pendientes requerirá recursos cercanos a $9 billones, un desafío fiscal que el Estado deberá enfrentar en los próximos años.