La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE Colombia) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es que el Estado colombiano adopte acciones para impedir que el presidente Gustavo Petro realice declaraciones que, según los solicitantes, puedan afectar las garantías del proceso electoral.
La solicitud busca proteger los derechos de 41 millones de ciudadanos aptos para votar en la segunda vuelta presidencial, prevista para junio de 2026. Los peticionarios advierten que ciertas declaraciones del mandatario podrían influir indebidamente en el electorado y comprometer la imparcialidad del proceso.
La ANDI y FEDE Colombia consideran que las expresiones del presidente Petro, en el marco de la contienda electoral, vulneran el principio de neutralidad y ponen en riesgo la transparencia de los comicios.
Un llamado a la comunidad internacional
La medida cautelar presentada ante la CIDH incluye un análisis de las intervenciones públicas del presidente Petro, en las que, según los solicitantes, se han hecho llamados explícitos a votar por un candidato específico o se han emitido juicios de valor sobre sus oponentes. Esto, argumentan, desconoce el marco legal colombiano que prohíbe la participación activa de funcionarios públicos en campañas electorales.
La ANDI y FEDE Colombia también recordaron que el presidente Petro ya ha sido objeto de varias acciones legales por presunta participación en política, incluyendo una acción popular presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz. En ese caso, se cuestiona la participación electoral del mandatario y su posible incidencia en el voto de los ciudadanos.
El impacto en la confianza electoral
La solicitud ante la CIDH subraya que las declaraciones del presidente Petro no solo afectan la equidad de la contienda, sino que también erosionan la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral. Los peticionarios piden que la Comisión Interamericana inste al Estado colombiano a garantizar un proceso libre de injerencias indebidas y a tomar medidas concretas para proteger la integridad del voto.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no se ha pronunciado sobre la solicitud. Se espera que la CIDH evalúe la petición en los próximos días y emita una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas.