Un operativo sin precedentes judicial se desarrolla en Barranquilla tras la orden del Juez Segundo Penal Municipal que busca restablecer a Silvia Gette Ponce en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, cargo que ocupó hasta mayo de 2013.
El exrector Ramsés Vargas Lamadrid y el Ministerio de Educación presentaron recurso de apelación contra esta decisión, señalando que el fallo vulnera el debido proceso y desconoce la realidad jurídica y administrativa de la universidad.
Argumentos de la defensa de Ramsés Vargas
Vargas calificó la sentencia como una 'sentencia encubierta' que transforma hipótesis en certezas sin superar la etapa inicial del proceso penal. Rechazó el uso de un informe grafológico inexistente y criticó la incoherencia en reconocer a Silvia Gette como víctima cuando la entidad supuestamente engañada fue el Ministerio de Educación.
Además, explicó que la desvinculación de Gette en 2013 se dio bajo el Código Sustantivo del Trabajo por una detención preventiva superior a 30 días, lo que ubica el conflicto en la jurisdicción laboral y no penal.
Vargas recordó la crisis institucional y financiera que enfrentaba la universidad en 2013, y argumentó que Gette no cumple con los requisitos estatutarios para ser rectora debido a condenas penales y sanciones disciplinarias vigentes.
Postura del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación calificó la orden de reintegro como 'jurídicamente imposible', destacando que la universidad está bajo vigilancia especial y que el rector actual fue designado mediante actos administrativos con presunción de legalidad.
Además, advirtió que el juez penal se extralimitó al anular actas del Consejo Directivo y la Sala General desde 2013, funciones que corresponden a la jurisdicción civil o administrativa, desconociendo el marco legal de la intervención estatal.
Origen del conflicto judicial
La investigación penal inició en noviembre de 2025 con imputaciones a Vargas Lamadrid y miembros del Consejo Directivo por fraude procesal y falsedad en documento privado, alegando irregularidades en la elección de Vargas.
El juez de control de garantías consideró a Silvia Gette víctima de un desalojo ilegal, lo que motivó la orden de restablecimiento de derechos ahora en apelación.
La decisión final dependerá del juez de segunda instancia, quien definirá si confirma o revoca el polémico reintegro.