Para este miércoles estaba programada la audiencia preparatoria de juicio contra el excongresista Julián Bedoya, acusado de obtener el título de abogado a través de supuestas irregularidades. La audiencia se alcanzó a instalar, pero se suspendió por solicitud de la defensa.
La diligencia arrancó sobre las 9 de la mañana, y en ella tomó la palabra la defensa del excongresista antioqueño, en cabeza del penalista Jorge Perdomo, para sustentar que no ha podido estudiar todas las pruebas que obtuvo la Fiscalía General de la Nación. Por eso pidió que la aplacen para una nueva fecha.
EL TIEMPO conoció que la defensa alegó que pudieron recoger las pruebas de la Fiscalía entre el 18 al 23 de marzo pasado, así como entre el 28 de abril y 8 de mayo. Al ser cerca de 624 documentos, indicaron que únicamente han podido estudiar 120, lo que les ha dificultado armar una defensa sólida.
Por su parte, Juan Camilo Bolaños, abogado de la Universidad de Medellín -víctima en este caso-, se opuso al aplazamiento advirtiendo que la acusación contra Julián Bedoya empezó el 7 de octubre de 2024, y que en diversos espacios se ha hablado de un inminente riesgo de prescripción en uno de los delitos derivado de maniobras dilatorias de la defensa.
A Julián Bedoya lo señalan de haberse graduado en 2019 con irregularidades del pregrado de Derecho, objetivo para el cual otras personas le habrían ayudado. Por esos hechos lo acusaron en 2024 por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, cargos de los que se ha declarado inocente.
La fiscal del caso, Adriana Dioselina Arango, no se opuso a la solicitud de Jorge Perdomo. Ante esto, la jueza concedió el aplazamiento y fijó tres días seguidos, del 24 al 26 de junio, para acabar con la fase de preparatoria de juicio.
Denuncian riesgo de prescripción
La congresista Cathy Juvinao ha denunciado que el delito de falsedad en documento privado prescribe en julio de este año, lo que la ha llevado a pedirles a la Fiscalía y la Judicatura prontitud para este caso. Los otros dos cargos, el fraude procesal y la falsedad en documento público, prescriben el próximo año.
Para darle celeridad al caso, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, hace unos días ordenó cambiar el despacho. El expediente pasó del fiscal Fernando Arias al de la fiscal Adriana Dioselina Arango.