Un balance de cuatro años en la gestión de tierras
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) publicó un balance en el que reporta que, entre agosto de 2022 y junio de 2026, resolvió hasta 3.669 procesos agrarios en distintas zonas del país. Ello implicó una gestión que abarcó el estudio de más de un millón de hectáreas y que, según la entidad, ha permitido avanzar en el ordenamiento de la propiedad rural en Colombia.
Las cifras clave de la recuperación de baldíos
De ese total, 335.000 hectáreas, lo cual equivale al 33 % del área intervenida, fueron declaradas baldíos de la Nación. Es decir, territorios que le pertenecen a Colombia y que, por tanto, pasaron al Fondo Nacional de Tierras, con lo que quedan disponibles para su entrega a familias campesinas y comunidades étnicas dentro de la Reforma Agraria.
El 67 % restante correspondió, según la entidad que terminó dirigida en este periodo por Felipe Harman, a predios de propiedad privada, a cuyos dueños la ANT les otorgó seguridad jurídica sobre la titularidad de sus tierras.
Las regiones con mayor actividad
Boyacá, Meta, Córdoba, Sucre y Cesar concentraron la mayor parte de las decisiones de clarificación de tierras. En esas zonas avanzaron trámites de clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos y deslinde de tierras de la Nación. La directora de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT, Ana Jimena Bautista, señaló que este tipo de procesos son claves para resolver conflictos históricos ligados a la ocupación, el uso y la tenencia de los predios rurales.
El aporte ambiental de los procesos de extinción de dominio
La ANT, asimismo, reportó avances en materia ambiental a través de los procesos de extinción administrativa del derecho de dominio. Por primera vez en la historia del régimen agrario colombiano, la entidad adoptó siete decisiones sobre inmuebles ubicados en ecosistemas cenagosos, en particular en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, al encontrar incumplimientos de la función ecológica de la propiedad.
Las alertas de la Contraloría por seguridad jurídica
La Contraloría General de la República, de otro lado, lanzó hace unas semanas una alerta por presuntas irregularidades en la compra de 537 predios realizada por la ANT a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de establecer que la entidad desembolsó cerca de 979.000 millones de pesos, pero únicamente tres inmuebles habían sido escriturados a nombre de la Nación con corte de finales de 2025.
De acuerdo con la auditoría, el organismo de control advirtió que el pago se efectuó sin que se hubiera perfeccionado la tradición de los bienes, lo que representa riesgos para el patrimonio público. Entre las posibles consecuencias mencionó la eventual aparición de embargos, litigios o reclamaciones de terceros sobre los predios, debido a que la titularidad jurídica aún no ha sido consolidada.
El informe también señala que durante la ejecución del convenio suscrito entre la ANT y la SAE se modificaron las condiciones contractuales para priorizar el desembolso de los recursos sobre el avance del proceso de escrituración. Según la Contraloría, este cambio permitió que el Estado pagara la totalidad del valor de los predios antes de culminar los trámites registrales correspondientes.
Aunque la Agencia Nacional de Tierras informó que alrededor de 300 de esos predios ya fueron entregados a campesinos como parte de la reforma agraria, la Contraloría insistió en que la ausencia de títulos de propiedad genera incertidumbre jurídica tanto para el Estado como para los beneficiarios, al no haberse formalizado plenamente la transferencia de los inmuebles al Fondo de Tierras.