La intervención del gobierno de Gustavo Petro a la EPS Sanitas, a través de la Superintendencia de Salud, tiene al país enfrentando una delicada demanda por USD 1.200 millones. Los accionistas internacionales de la EPS, representados por las empresas españolas Centauro Capital y Natanor XXI, acudieron a la justicia arbitral a finales de 2024, al considerar que la decisión gubernamental afectó gravemente sus inversiones en Colombia.
La defensa del Estado colombiano
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) anunció que está cerca de concluir el proceso de selección de la firma de abogados que acompañará la defensa de Colombia en este proceso. La entidad aclaró que actualmente no existe ningún contrato suscrito, todavía no se ha escogido una firma y tampoco se han elaborado los estudios previos necesarios para adelantar una eventual contratación.
En este proceso, como en todos los que hemos adelantado durante nuestra administración, mantenemos las puertas abiertas a los organismos de control para cualquier tipo de auditoría. Nuestro principal compromiso es la defensa de los recursos de los colombianos y ese propósito lo cumpliremos hasta el final.
César Palomino Cortés, director de la Andje, aseguró que la entidad mantiene plena disposición para que los organismos de control revisen el proceso. La agencia precisó que desde diciembre de 2025 inició un estudio de mercado mediante una invitación pública dirigida a más de un centenar de firmas internacionales especializadas en arbitraje.
El origen del conflicto
A principios de abril de 2024, el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció que el gobierno iba a intervenir y controlar de facto a la EPS Sanitas, con más de cinco millones de usuarios. Una decisión defendida por el presidente Gustavo Petro, pero que luego, a mediados del año pasado, fue tumbada por la Corte Constitucional a través de una acción de tutela y por grave vulneración al debido proceso, como demandó la multinacional de origen español Keralty.
Las razones que llevaron al grupo Keralty a buscar una indemnización se relacionan directamente con la intervención de la Supersalud y el 'incumplimiento' del Estado colombiano para garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud. El proceso se lleva a cabo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Los costos de la defensa
La Andje desmintió las versiones que circulan sobre la firma de un contrato por USD 2,5 millones. De acuerdo con el cronograma del proceso arbitral, la única contratación que eventualmente podría realizarse durante este año estaría relacionada con el análisis del memorial de demanda y la preparación del escrito de defensa. Para esas labores preliminares, el costo promedio estimado asciende a USD 300.000.