La salida de Colombia de Dayonis Junior Orozco Castillo, conocido como alias Botija o ‘Botyy’, marca un nuevo episodio en la ofensiva regional contra el ‘Tren de Aragua’. El ciudadano colombo-venezolano, identificado también como Yendris Segundo Paz Pérez, fue extraditado este jueves hacia Chile, donde deberá comparecer ante un juez por el homicidio del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto, un caso que desde 2024 impulsó un trabajo coordinado entre autoridades de tres países.
Un operativo que cruzó fronteras
La entrega fue ejecutada por la Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Oficina Central Nacional de Interpol Bogotá, bajo un dispositivo de seguridad que permitió su traslado hasta Santiago de Chile. Allí enfrentará el proceso judicial por el crimen ocurrido el 10 de abril de 2024, cuando, según la investigación, participó en el asesinato del uniformado mientras este intentaba impedir un hurto cometido por Orozco Castillo y otros cuatro integrantes del grupo.
El expediente también evidencia el alcance que adquirió la cooperación judicial en Suramérica frente a estructuras criminales con presencia en varios países. Tras el homicidio, las autoridades de Chile, Perú y Colombia activaron un intercambio de información en tiempo real que permitió seguir el rastro del señalado cabecilla hasta Popayán, donde fue capturado en abril de 2024 antes de que pudiera abandonar nuevamente el territorio colombiano.
26 meses de proceso judicial
Aunque la captura se produjo hace más de dos años, la entrega solo se concretó ahora después de surtirse el procedimiento de extradición previsto en la legislación colombiana. Durante ese tiempo, alias Botija permaneció privado de la libertad por 26 meses mientras avanzaban las actuaciones judiciales y diplomáticas requeridas para autorizar su envío a Chile.
El proceso incluyó la solicitud formal presentada por el Gobierno chileno mediante nota verbal para la detención preventiva con fines de extradición. Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable al concluir que los delitos atribuidos al procesado no tenían carácter político, requisito indispensable dentro del trámite.
La extradición de alias Botija vuelve a poner en evidencia que las investigaciones contra el ‘Tren de Aragua’ dependen cada vez más de mecanismos de coordinación entre fiscalías, policías e Interpol para rastrear, capturar y trasladar a integrantes de una estructura que ha extendido su presencia fuera de Venezuela.