El conflicto jurídico y social en torno al peaje Papiros, ubicado en la Vía al Mar entre Barranquilla y Puerto Colombia, entra en una nueva etapa decisiva. El Consejo de Estado debe resolver una apelación presentada contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico.
El fallo del tribunal reconoció la vulneración de derechos colectivos de la comunidad afectada, pero no ordenó el desmontaje definitivo de la caseta del peaje, lo que mantiene la operación parcial del mismo.
La apelación fue interpuesta por el abogado Víctor Ríos, quien busca que el alto tribunal revise los alcances del fallo y determine si procede la eliminación total del peaje, una exigencia fundamental para los residentes y usuarios de la vía.
Según fuentes de EL TIEMPO, la apelación se centra en vacíos sustanciales que dejaría la decisión judicial, especialmente en lo relacionado con los derechos de los usuarios y el impacto económico que continúa generando la operación del peaje Papiros.
La comunidad afectada exige una solución definitiva que garantice sus derechos y elimine las barreras económicas generadas por el peaje.
Este proceso judicial se desarrolla en un contexto de creciente tensión social, donde la expectativa está puesta en la decisión del Consejo de Estado, que definirá el futuro inmediato del peaje Papiros y su impacto en la región.