Un operativo sin precedentes en el Atlántico ha permitido descubrir 33 conexiones ilegales en fincas privadas del municipio de Manatí, que desviaban agua potable destinada al consumo humano. Esta acción conjunta entre la Gobernación del Atlántico, la Policía y la empresa Aqualia busca frenar el robo de aproximadamente 1.500 metros cúbicos diarios de agua, equivalente a pérdidas económicas de 2.000 millones de pesos.
Las conexiones ilegales, utilizadas principalmente para actividades agroindustriales y riegos no autorizados, han provocado una caída significativa en la presión de las redes, afectando el suministro a cerca de 40.000 habitantes en zonas urbanas y rurales del departamento.
“Estas conexiones ilegales deterioran la presión del servicio, comprometen la calidad del agua y limitan la capacidad de respuesta ante emergencias”, advirtió Lady Ospina, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico.
El impacto no solo es económico, sino también técnico: la infraestructura diseñada para consumo humano se ve dañada por demandas indebidas, lo que genera inestabilidad en el servicio que pagan los usuarios legales.
La estrategia de control y vigilancia se extiende a otros municipios como Polonuevo, Sabanagrande y Luruaco, donde equipos técnicos y la Policía continúan verificando redes y tuberías para detectar y desmantelar más conexiones fraudulentas.
“Este tipo de prácticas no solo es un delito, sino que afecta directamente a miles de familias que dependen del suministro legal”, señaló José Antonio Luque, secretario del Interior del Atlántico.
- 33 conexiones ilegales detectadas en Manatí.
- Robo de 1.500 metros cúbicos de agua potable diarios.
- Pérdidas económicas estimadas en 2.000 millones de pesos.
- Afectación a más de 40.000 habitantes.
- Operativos en municipios de Polonuevo, Sabanagrande y Luruaco.
- Procesos judiciales en curso contra propietarios involucrados.
Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier sospecha de conexiones ilegales, garantizando reserva absoluta. Los responsables enfrentarán sanciones económicas, corte inmediato del suministro y procesos penales que podrían incluir medidas de aseguramiento.
“El compromiso de la administración departamental es cerrar el paso a quienes priorizan intereses particulares sobre un bien público esencial”, enfatizó José Antonio Luque.