El impacto del aumento del salario mínimo en los subsidios de vivienda
La administración distrital tiene como objetivo entregar 75.000 subsidios de vivienda al cierre de su mandato. Sin embargo, el incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026 ha generado un impacto financiero cercano a 50.000 millones de pesos, afectando la capacidad de asignar apoyos habitacionales. Este aumento se refleja también en el valor máximo permitido para las viviendas de interés prioritario (VIP) y social (VIS), que ahora podrían costar hasta 157,6 millones y 262,6 millones de pesos, respectivamente.
El proyecto de decreto nacional que redefine precios y reglas para VIS
El Ministerio de Vivienda presentó un borrador de decreto que establece un tope máximo de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la vivienda VIS, lo que equivaldría a 235 millones de pesos. Además, propone prohibir la indexación automática de precios al salario mínimo tras la separación o promesa de compraventa, buscando evitar que incrementos salariales se trasladen al comprador. Sin embargo, el decreto contempla excepciones en caso de aumentos extraordinarios en costos de construcción, soportados por el Índice de Costos de la Construcción del DANE.
Bogotá trabaja en planes para ajustar programas y mantener subsidios
La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, aseguró que los recursos disponibles, por un billón de pesos aprobados en el Plan de Desarrollo, permanecerán para otorgar subsidios a los bogotanos. Se evalúan ajustes en los programas de vivienda para garantizar que las familias continúen recibiendo apoyos. Esto incluye revisar convenios con constructoras y articular subsidios distritales con los de cajas de compensación y el Gobierno nacional para ampliar la cobertura.
"Nuestro compromiso es mantener la meta de subsidios pese a las posibles reducciones por el marco legal vigente", afirmó Vanessa Velasco.
La reacción del sector constructor y la articulación con otras ciudades
Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá-Cundinamarca, destacó que el aumento del salario mínimo afecta costos de mano de obra, suministro y financiación, y señaló que el proyecto de decreto introduce riesgos jurídicos y económicos para los hogares. En paralelo, las secretarías de Vivienda y Hábitat de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena se reunieron con la ministra de Vivienda para expresar inquietudes y buscar un régimen de transición que garantice claridad en precios y seguridad jurídica para compradores.
¿Cómo se ajustarán los subsidios ante los retos normativos y económicos?
La alcaldía de Bogotá evalúa priorizaciones y ajustes en la asignación de subsidios para cumplir la meta de 17.000 subsidios en 2026 y los objetivos del Plan de Desarrollo. Se busca identificar cambios necesarios en los programas Mi Casa en Bogotá para sostener la entrega de apoyos. Además, se espera la definición final del decreto nacional, que podría establecer condiciones diferenciadas para ciudades capitales y garantizar un régimen de transición para compradores.