Las ciudades exigen garantías para compradores de vivienda social
Durante una mesa técnica con el Ministerio de Vivienda, la Alianza por la Vivienda y el Hábitat, conformada por las secretarías de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, presentó recomendaciones técnicas para ajustar el borrador de decreto que modifica los topes de precio de la vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP). El objetivo principal es proteger a las familias, mantener la estabilidad del mercado y fortalecer la política pública de vivienda social.
El impacto del aumento del salario mínimo en los subsidios de vivienda
En Bogotá, donde se alcanzó un récord de cerca de 40.000 unidades VIS vendidas en 2025, el aumento de casi 23 % en el salario mínimo para 2026 ha generado preocupación. Bajo el esquema actual, los subsidios y topes de precio estaban indexados al salario mínimo, por lo que el incremento eleva automáticamente los valores en pesos, afectando el presupuesto disponible para subsidios y limitando el acceso a vivienda social.
“Las familias necesitan seguridad y confianza. La política de vivienda debe garantizar que quienes ya iniciaron su proceso no vean modificadas las reglas a mitad del camino”, afirmó Vanessa Velasco, secretaria distrital del Hábitat de Bogotá.
Prioridades para mantener la oferta y proteger a los hogares
Las ciudades insistieron en incluir un régimen de transición que brinde seguridad jurídica a quienes compraron vivienda antes de 2026 y aún no han escriturado. También solicitaron reglas claras desde la preventa y conservar topes diferenciados, como los 175 SMMLV para VIS en proyectos de renovación urbana y 90 SMMLV para VIP, para equilibrar incentivos a constructores y evitar una reducción en la oferta.
¿Cómo influirá el nuevo decreto en el futuro de la vivienda social?
El borrador de decreto propone fijar los precios de la vivienda VIS en pesos desde la promesa de compraventa, eliminando la indexación automática al salario mínimo. Esta medida ha generado debate sobre posibles efectos en costos, oferta y seguridad jurídica, por lo que será clave articular mecanismos técnicos y financieros adecuados para que la política de vivienda social siga siendo efectiva y sostenible.