Noticia Exclusivo suscriptores Bogotá logró bajar el hacinamiento en estaciones de policía, pero la nueva cárcel no arranca ¿Cuál será la estrategia y qué papel jugará una app?Aunque el Distrito reporta una reducción del indicador del 172 % al 45,8 % en ocho meses, son importantes soluciones a largo plazo.El Distrito asegura que el hacinamiento en estaciones de Policía y URI pasó del 172 % al 45,8 % entre agosto de 2025 y abril de 2026. Foto: Secretaría de Seguridad.Link Carol MalaverSUBEDITORA DE BOGOTÁ 13.05.2026 13:02 Actualizado: 13.05.2026 13:02 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles El Distrito asegura haber logrado una de las reducciones más importantes del hacinamiento en los centros de detención transitoria (CDT) de Bogotá en los últimos años. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, el indicador pasó de niveles cercanos al 168,62 por ciento en julio de 2024 y de hasta 172 por ciento en agosto de 2025, a 45,8 por ciento en abril de 2026. La meta de la administración es que ese porcentaje llegue a cero al finalizar este año.Sin embargo, detrás de esa reducción aparece una contradicción que sigue marcando el debate sobre el sistema de reclusión en Bogotá. Mientras el Distrito muestra avances para descongestionar estaciones de Policía y URI, el proyecto de infraestructura que debía convertirse en la solución estructural de largo plazo —la nueva Cárcel Distrital II— todavía no arranca y permanece en etapa de reorganización técnica y financiera.Esta es la estrategia de la CAR para ponerle freno al crecimiento urbanístico descontrolado en zonas rurales y suburbanas de BogotáHoy, la ciudad intenta contener una crisis histórica sin que el proyecto carcelario más importante de la administración haya superado la fase previa a los estudios y diseños.La reducción del hacinamiento, según la Secretaría de Seguridad, se logró a partir de una estrategia articulada entre el Distrito, la Rama Judicial y la Policía Metropolitana de Bogotá. Una de las principales apuestas fue la depuración y actualización de la información de las personas privadas de la libertad en los CDT.En ese proceso surgió PPL Connect, una herramienta tecnológica diseñada por el Consejo Superior de la Judicatura y puesta en marcha junto con la Secretaría de Seguridad y estudiantes de la Universidad Libre.PPL Connect permitirá centralizar información sobre las personas privadas de la libertad. Foto:Policía Metropolitana de Bogotá La aplicación permitirá centralizar información en tiempo real sobre cada una de las personas privadas de la libertad en URI y estaciones de policía: cuánto tiempo llevan detenidas, cuál es el estado de sus procesos y en qué etapa judicial se encuentran.La apuesta es que jueces y autoridades tengan más herramientas para agilizar decisiones judiciales y ordenar traslados hacia cárceles del orden nacional cuando existan condenas en firme.La Secretaría sostiene que el aplicativo permitirá “garantizar, centralizar la información, optimizar la gestión y promover la colaboración interinstitucional”, además de mejorar la calidad de los datos sobre la población privada de la libertad en Bogotá.Entre el 31 de marzo y el 21 de abril de 2026 se adelantó una jornada de verificación en los 20 CDT de la ciudad. Allí se hizo conteo físico celda por celda, revisión de 1.880 carpetas físicas y contraste de información con registros judiciales y el Sistema Penal Acusatorio Oral (SPOA).Como resultado, se actualizaron 2.061 registros en el sistema PPL Connect. Según la Secretaría, esto permitió construir “una línea base real, verificada persona por persona, carpeta por carpeta y celda por celda”. Durante esa depuración también aparecieron hallazgos críticos.El más grave ocurrió en la estación de Los Mártires, donde una persona registra 2.071 días privada de la libertad, es decir, más de cinco años y medio en un lugar donde, en teoría, la permanencia no debería superar las 36 horas.Bogotá asumió con recursos propios la alimentación de personas privadas de la libertad. Foto:Secretaría de Seguridad. Ese caso terminó convirtiéndose en una muestra de cómo las estaciones de Policía terminaron funcionando durante años como cárceles improvisadas ante el colapso del sistema penitenciario.“El problema de hacinamiento no es solo de capacidad física, sino de eficiencia del sistema judicial”, concluyó la propia Secretaría tras revisar los hallazgos encontrados durante el proceso.Más despachos judiciales Para intentar acelerar la descongestión, el Consejo Superior de la Judicatura anunció la creación de cinco despachos judiciales: tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito.“Creamos cinco despachos judiciales, tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito, para que se agilicen los casos y se tomen decisiones importantes de aquí a diciembre de este año”, explicó Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura.El magistrado agregó que la intención es “agilizar la decisión de esos procesos” para garantizar “seguridad jurídica, respeto a las garantías de las personas y de las víctimas”.En paralelo, el Distrito también implementó brigadas jurídicas semanales en convenio con la Universidad Libre, unidades móviles de justicia para adelantar audiencias y un modelo de atención en salud extramural en articulación con la Secretaría de Salud.Creamos cinco despachos judiciales, tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito, para que se agilicen los casos y se tomen decisiones importantes de aquí a diciembre de este añoJorge Enrique VallejoPresidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura.Según la Secretaría, a febrero de 2026 ese modelo ya había caracterizado a 2.771 personas privadas de la libertad y realizado más de 600 atenciones individuales.Otra de las medidas que asumió Bogotá fue hacerse cargo de la alimentación de las personas detenidas en estaciones y URI, luego de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.Desde el 19 de agosto de 2025, el Distrito suministra alimentación en 24 puntos de la ciudad con cuatro servicios diarios. La Secretaría calcula que esa obligación implicará un gasto superior a 170.000 millones de pesos hasta 2028.La administración sostiene que estas medidas ayudaron a dinamizar el traslado de personas privadas de la libertad hacia establecimientos de reclusión nacional. Solo en 2025 fueron trasladadas 4.925 personas desde los CDT de Bogotá y, en lo corrido de 2026, ya van 1.147 más.En medio de esos resultados, el secretario de Seguridad, César Restrepo, defendió la estrategia del Distrito. “En Bogotá entendemos que la seguridad no es un asunto de policías y ladrones. Es un proceso permanente, con altibajos y con mucho por hacer, donde se deben hacer estos esfuerzos por construir una sociedad que viva en el marco de la ley, pero donde aquellos que cometen delitos también tengan condiciones dignas”, afirmó el funcionario.La administración también insiste en resaltar que la actual Cárcel Distrital de Bogotá es una de las pocas del país que no registra hacinamiento y cuenta con certificación internacional.Pero mientras el Distrito destaca resultados operativos para contener la sobreocupación, el proyecto de expansión carcelaria más importante de la ciudad continúa detenido.¿Y la cárcel?Cárcel Distrital ha sido reconocida a nivel mundial. Foto:Archivo particular La nueva Cárcel Distrital II, planteada como una infraestructura para aportar 2.000 nuevos cupos y consolidar la reducción del hacinamiento, aún no inicia formalmente la fase de estudios y diseños.De acuerdo con respuestas entregadas por la Secretaría de Seguridad a EL TIEMPO, el proyecto permanece en proceso de revisión y estructuración técnica para contratar precisamente esos estudios previos.La entidad explicó que actualmente trabaja en la definición de especificaciones técnicas bajo la metodología BIM (Building Information Modeling) y en la elaboración del EIR, documento clave para definir los requisitos de intercambio de información dentro de ese esquema técnico.Aunque la solicitud de contratación ya fue radicada, permanece en revisión interna y todavía no existen fechas concretas para el inicio de las obras.La situación evidencia que el proyecto atraviesa una nueva reorganización administrativa y financiera.Uno de los antecedentes que explica el retraso ocurrió con el contrato interadministrativo firmado entre la Secretaría de Seguridad y RenoBo por más de 5.196 millones de pesos.Ese contrato buscaba desarrollar la gerencia integral para la estructuración de estudios, diseños, interventoría, permisos y licencias de la nueva cárcel.El convenio fue firmado el 30 de diciembre de 2024 e inició el 29 de enero de 2025. Sin embargo, nunca logró consolidarse.Según explicó la Secretaría, durante su ejecución el contratista solicitó una adición presupuestal que fue considerada jurídicamente inviable por la entidad.Finalmente, el 18 de agosto de 2025 ambas partes acordaron terminar el contrato de mutuo acuerdo y los recursos fueron reintegrados a la Secretaría Distrital de Hacienda.Aunque el Distrito sostiene que ese proceso permitió avanzar en precisiones técnicas útiles para futuras contrataciones, el episodio obligó a redefinir nuevamente la hoja de ruta del proyecto.Hoy, la administración reconoce que la iniciativa sigue vigente, pero condicionada a ajustes técnicos y financieros que todavía no concluyen.Mientras tanto, Bogotá mantiene una estrategia paralela para contener el hacinamiento sin contar aún con nueva infraestructura carcelaria. La propia Secretaría admite, implícitamente, que la nueva cárcel no será una solución inmediata.Por ahora, el principal indicador de seguimiento sigue siendo el porcentaje de sobreocupación en estaciones y URI. Y aunque la reducción reportada por el Distrito representa un alivio frente a los niveles críticos de años anteriores, el panorama todavía deja preguntas sobre la sostenibilidad de esa estrategia en una ciudad donde las estaciones de Policía siguen funcionando como espacios de reclusión prolongada.La apuesta de la administración es que herramientas tecnológicas, más jueces, brigadas jurídicas, traslados y coordinación institucional permitan seguir reduciendo el hacinamiento mientras logra destrabar el proyecto de infraestructura que, en teoría, debería ofrecer una solución más permanente.Pero, al menos por ahora, la nueva cárcel distrital sigue atrapada entre estudios, ajustes y revisiones administrativas.CAROL MALAVERSUBEDITORA BOGOTÁEscríbanos a carmal@eltiempo.com Lea también: ¿Qué hacía y quién era el hombre hallado con más de 230 kilos de ANFO en Bogotá? 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