Un giro constitucional sin precedentes en El Salvador
La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que permite imponer penas perpetuas a homicidas, violadores y terroristas. Esta modificación elimina la prohibición previa y fue aprobada sin debate ni estudio previo, con 59 votos a favor, incluyendo algunos de la oposición.
Respuesta oficial ante denuncias internacionales
La medida fue anunciada por el presidente Nayib Bukele luego de que un grupo de expertos internacionales denunciara crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de excepción vigente desde hace cuatro años. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma y atacó duramente a las organizaciones de derechos humanos que han cuestionado al gobierno.
“Lo que estamos haciendo es de carácter irreversible”, afirmó Villatoro durante su intervención en el Congreso, y agregó un fuerte mensaje contra las organizaciones defensoras de derechos humanos: “Váyanse al carajo”.
Contexto jurídico y crisis del sistema de justicia
Antes de esta reforma, la Constitución salvadoreña prohibía la cadena perpetua, promoviendo la rehabilitación de los delincuentes. Aunque la jurisprudencia permitía penas hasta de 60 años, la Fiscalía había impuesto condenas acumuladas de hasta mil años a pandilleros. Sin embargo, el sistema judicial enfrenta un colapso con fiscales y defensores públicos sobrecargados, y un control casi absoluto del Ejecutivo sobre todas las instituciones de justicia.
Impacto y próximos pasos legales
Tras la aprobación, cuatro leyes, incluyendo la Ley Penal Juvenil, serán revisadas para incorporar la cadena perpetua. El anuncio ha generado preocupación sobre la posibilidad de injusticias irreversibles dada la falta de independencia judicial y el contexto de denuncias por violaciones a derechos humanos.
La ofensiva mediática del gobierno
En respuesta al informe internacional y la cobertura mediática crítica, Bukele y su gobierno lanzaron una campaña en redes sociales rechazando las acusaciones y acusando a las organizaciones de derechos humanos de apoyar a pandilleros. El presidente calificó de “absurdas” las denuncias y reafirmó su compromiso con la reforma.