Denuncias por falta de socialización y decisiones unilaterales
Alrededor de 300 familias cafeteras de Palmor, en el municipio de Ciénaga (Magdalena), denunciaron que decisiones del Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estarían generando tensiones entre comunidades campesinas e indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los productores aseguran que las entidades han expedido resoluciones y acuerdos relacionados con procesos de restitución y ordenamiento de tierras sin socializarlos con la comunidad cafetera, por lo que califican esas actuaciones como decisiones tomadas 'a escondidas de los cafeteros'.
Estigmatización y revictimización: el señalamiento público
Algunos líderes campesinos sostienen que varias de las políticas impulsadas en el marco de la reforma agraria han tenido efectos adversos para quienes habitan la zona. 'Nos están tratando como despojadores, cuando somos víctimas del abandono estatal', afirmó uno de los voceros, quien pidió mantener en reserva su identidad por razones de seguridad.
Entre las principales denuncias presentadas por los cafeteros figura una presunta estigmatización y revictimización. Según indican, algunos funcionarios de la URT los habrían señalado públicamente como 'opositores de la paz' y 'obstáculo para los derechos indígenas', calificativos que, a su juicio, los exponen a mayores riesgos de seguridad en una región donde persisten actores armados.
Impacto económico y presuntas irregularidades en expedientes
También aseguran que los procesos de restitución de tierras y las medidas cautelares adoptadas por jueces especializados han afectado su actividad económica. De acuerdo con los productores, estas decisiones han frenado el acceso a créditos, la asistencia técnica y la comercialización del café, ocasionando pérdidas durante las cosechas de 2025 y 2026.
Asimismo, denuncian presuntas irregularidades en algunos expedientes judiciales relacionados con restitución de tierras. Afirman que en esos procesos se habría utilizado información que consideran inexacta para sustentar demandas que podrían afectar a familias campesinas, incluidas mujeres, niños y adultos mayores, pese a que, según sostienen, cuentan con escrituras públicas anteriores a 1991.
Nos están tratando como despojadores, cuando somos víctimas del abandono estatal