La subregión del Bajo Cauca en Antioquia vive una crisis sin precedentes por el paro minero que ha paralizado actividades económicas y sociales. El lunes 23 de marzo marcó un quiebre en las negociaciones cuando se registraron graves alteraciones del orden público.
Gobernador autoriza uso de la fuerza pública
El gobernador Andrés Julián Rendón anunció tras un Puesto de Mando Unificado que se agotaron las opciones de diálogo debido a los llamados 'hechos de terror' cometidos por los manifestantes. Señaló ataques a la misión médica, confinamiento forzado de civiles, bloqueos viales y desabastecimiento de gas en Nechí.
"Esto deja de ser una protesta pacífica cuando se vulneran y quebrantan los derechos de los otros ciudadanos", enfatizó el mandatario.
Incidentes violentos en vías de Cáceres
En Cáceres, un grupo bloqueó la vía principal cruzando un bus intermunicipal, afectando a cientos de pasajeros. Más grave aún, encapuchados interceptaron un camión de carga, saquearon su mercancía y lo incendiaron en plena carretera cerca del Batallón Rifles.
Otro camión fue quemado en el sector Guarumo, también en Cáceres, afectando la cadena logística hacia la costa Caribe y aumentando la escasez de alimentos e insumos básicos en la región.
Reacción de la Mesa Minera
Los líderes mineros denunciaron represión estatal y hostigamiento policial durante el paro. La Mesa Minera del Bajo Cauca emitió un comunicado declarando un 'SOS' y anunció su retiro de la oficina de mediación debido a la presencia policial que consideraron una amenaza a su seguridad.
Acusaron al Gobierno Nacional de incumplir acuerdos y responsabilizaron a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de afectar a la población civil en sus intervenciones para despejar vías.