Desde hace varios meses, las autoridades colombianas investigaban movimientos irregulares en los filtros migratorios del aeropuerto El Dorado, lo que llevó a identificar una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General y agencias de Estados Unidos, logró desarticular esta estructura criminal.
Las diligencias judiciales se desarrollaron en Bogotá y Sogamoso, donde se capturaron cuatro funcionarios y exfuncionarios de Migración Colombia. Según la investigación, estos individuos habrían aprovechado su posición para permitir el tránsito irregular de extranjeros, especialmente de origen vietnamita y chino, omitiendo los controles migratorios establecidos.
- Uso de pasaportes auténticos a nombre de terceros o documentos suplantados, especialmente expedidos en la Región Administrativa Especial de Hong Kong.
- Registro migratorio sin la presencia física del titular del documento.
- Reutilización de los mismos documentos en diferentes fechas y puntos de control.
- Facilitación de rutas migratorias hacia Panamá, México y Estados Unidos.
Entre los detenidos están Joan Mauro Cerón Reyes, acusado de coordinar registros sin verificación de identidad; Johann Alexander Cendales Tafur, quien presuntamente guiaba a migrantes por áreas restringidas del aeropuerto; Cristhian Camilo Bueno Casallas, vinculado a la manipulación de bases de datos y validación de documentos falsos; y Efraín Guerrero Collazos, quien habría actuado como enlace y asesor tras su salida de la entidad.
“Se identificaron operaciones en el aeropuerto José María Córdova de Medellín, en Ipiales y en la isla de San Andrés, lo que evidencia una red con capacidad de articulación en distintas regiones”, afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.
Durante las audiencias, un juez legalizó las capturas y la Fiscalía imputó cargos por tráfico de migrantes, concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y falsedad documental. Los implicados fueron asegurados en sus domicilios mientras continúa el proceso judicial.
La investigación incluyó interceptaciones telefónicas, análisis de registros migratorios y seguimientos en terminales aéreos que permitieron establecer la forma de operación de la organización y sus conexiones internacionales. Las autoridades continúan recopilando pruebas para identificar posibles colaboradores adicionales.