Sebastián Marset, ciudadano uruguayo señalado por el presidente Gustavo Petro como uno de los líderes de la ‘Junta de Dubái’, fue capturado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, durante un operativo de seguridad. La detención ocurre casi tres años después de que escapara de un arresto en la misma localidad junto a su familia, y tras un tiempo en el que su paradero no había sido confirmado oficialmente.
Las autoridades locales habían señalado que Marset estaba cercado, una hipótesis reforzada tras la captura en julio de 2024 de Gianina García Troche, madre de sus hijos. Documentos judiciales de Paraguay lo vinculan con el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci en Cartagena, y desde Estados Unidos figura como uno de los fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Marset enfrenta cargos por crimen organizado en Paraguay y Bolivia, además de una imputación por lavado de activos en marzo de 2024, relacionada con el movimiento ilícito de recursos a través de instituciones financieras. Bolivia ofreció inicialmente una recompensa de 100.000 dólares, que luego fue incrementada a dos millones de dólares por el Gobierno estadounidense para facilitar su captura.
El presidente Gustavo Petro ha indicado que Marset habría tenido vínculos con estructuras criminales internacionales y que recursos ilícitos fueron movilizados mediante organizaciones religiosas y empresas de espectáculos en Paraguay y Colombia.
Investigaciones periodísticas revelaron que la empresa mencionada por Petro, JC Productions / Mastian Productions S.A.S., registrada en 2019 y vinculada a Marset, fue usada para canalizar ingresos ilegales. La compañía, con activos registrados por 80 millones de pesos en 2024, no ha reportado actividad reciente y tiene como accionista mayoritario a Gabriel de Sousa Beumer, con pasaporte boliviano.
La captura de Marset representa un golpe significativo a las redes criminales que operan en la región y evidencia la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos.