El salón de plenarias del Concejo Distrital de Cartagena se convirtió esta semana en el epicentro de un terremoto institucional que promete reconfigurar el multimillonario negocio de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la capital de Bolívar.
La instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias mutó rápidamente en una declaración de hostilidades legales cuando el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz, notificó formalmente el pasado lunes primero de junio la decisión irrevocable de su administración de iniciar una ofensiva jurídica para romper, de forma definitiva, toda relación contractual con la multinacional francesa Veolia, socio operador de Aguas de Cartagena (Acuacar).
La respuesta de Veolia y el argumento del cambio climático
La respuesta de la compañía no se hizo esperar, desatando un cruce de argumentos que sitúa la disputa en una delgada línea entre el incumplimiento contractual alegado por el Distrito y la justificación de fuerza mayor ante el cambio climático esgrimida por los técnicos de la empresa privada que presta el servicio del líquido vital a la ciudad.
Mientras el Palacio de la Aduana prepara los expedientes para una batalla en los tribunales, la gerencia de Acuacar intenta blindar su gestión argumentando que la crisis no es operativa, sino el resultado de un enemigo invisible provocado por alteraciones del clima: una especie de alga.
Acuacar argumenta que la crisis no es operativa, sino el resultado de un enemigo invisible provocado por el cambio climático.