En el suelo, en pasillos y hasta en estructuras improvisadas estarían durmiendo miles de personas privadas de la libertad en Colombia. La crisis carcelaria, lejos de mejorar, parece profundizarse, según advirtió la Defensoría del Pueblo tras varias visitas a Centros de Detención Transitoria y cárceles del país.
La entidad alertó que, pese a que la Corte Constitucional declaró desde hace años el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario a través de las Sentencia T-38 de 2013 y Sentencia SU-122, las medidas adoptadas no han sido suficientes para resolver el hacinamiento, el deterioro de la infraestructura y las graves vulneraciones a los derechos humanos que persisten en estos lugares. Incluso, hay establecimientos donde apenas el 10 % de los reclusos tiene una cama para dormir.
Una radiografía del hacinamiento
Tras las visitas realizadas por la Defensoría en diferentes centros de reclusión, la entidad concluyó que las condiciones actuales vulneran derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, especialmente la dignidad humana, la salud y el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad.
- Solo el 58,6 % de las personas recluidas en los establecimientos visitados cuenta con una cama propia.
- En la cárcel de Sonsón, Antioquia, la cifra cae al 10,5 %, lo que significa que la mayoría de los internos debe dormir en el suelo o en espacios improvisados.
- El 82,5 % de las personas llevaba más de 36 horas detenida en centros de detención transitoria, y un 15 % superaba un año de permanencia.
- En algunos establecimientos, un solo sanitario debía ser compartido por hasta 125 personas.
Condiciones que rozan la tortura
A esto se suman condiciones precarias como falta de ventilación, iluminación inadecuada y espacios reducidos en los que las personas deben dormir, comer y hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar. La entidad encontró establecimientos sin duchas y casos en los que un solo sanitario debía ser compartido por hasta 125 personas, una situación que calificó como una vulneración directa a la dignidad humana.
"La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre una posible crisis humanitaria si no se activan planes de contingencia inmediatos (...) ninguna disputa administrativa puede justificar el hambre en los CDT, conducta que podría equivaler a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Incumplimiento del Gobierno y llamado de la ONU
El informe también evidencia el bajo avance de las medidas ordenadas para superar la crisis. Según la Defensoría, a junio de 2025 el Gobierno nacional apenas había cumplido el 21,17 % de las metas anuales de infraestructura y solo el 20,55 % de la meta final programada para enfrentar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional.
Las denuncias coinciden con las recientes observaciones realizadas por Víctor Rodríguez, investigador del Mecanismo Internacional de Expertos en Justicia Racial de la ONU, quien visitó Colombia durante diez días y documentó las condiciones de varios centros de detención. El experto calificó algunos Centros de Detención Transitoria como “bodegas humanas” debido al hacinamiento extremo y a las condiciones en las que permanecen las personas detenidas.
"Yo visité prisiones en Asia y Latinoamérica, en muchos países, y debo decir que en mi vida había visto peores condiciones que las que encontré en el Centro de Atención Transitoria de Bellavista. Son condiciones inhumanas, infrahumanas, que llegan al umbral de la tortura y arrebatan cualquier dignidad", señaló Rodríguez sobre uno de los centros de detención visitados en Cartagena.