Un operativo que desarticuló el terror en la comuna 9
Las autoridades de Medellín anunciaron este martes 2 de junio un contundente golpe contra las estructuras criminales que acechan la seguridad de la ciudadanía. En un operativo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Crimen Organizado de la DIJIN, fue capturado alias 'Rottweiler', identificado como cabecilla de zona del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Caicedo y hombre de confianza de alias Diego Chamizo, máximo líder de la estructura.
22 años de carrera criminal y un modus operandi brutal
La captura se produjo tras 12 meses de exhaustiva investigación en la que se recolectaron elementos probatorios sobre la cadena criminal de este individuo. Según las autoridades, el sujeto no solo basaba su poder en el miedo, sino que empleaba métodos intimidatorios particularmente crueles para consolidar sus actividades ilícitas.
Este tipo tenía perros rottweiler, y con eso amedrentaba a la gente
Afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al detallar el modus operandi del capturado. Alias 'Rottweiler', quien registra una trayectoria criminal cercana a los 22 años, había trasladado recientemente su centro de operaciones al corregimiento de Santa Elena para tratar de evadir la acción de las autoridades.
Extorsiones, desplazamientos y venta ilegal de predios
Desde Santa Elena, coordinaba una red de extorsiones, desplazamientos forzados y una lucrativa red de apropiación y venta ilegal de terrenos, afectando gravemente a los habitantes de diversos barrios de la comuna 9, como Buenos Aires, El Salvador, La Milagrosa, Loreto, La Asomadera, Cataluña, Gerona y Miraflores.
800 millones de pesos al mes: el negocio criminal del GDO Caicedo
La investigación reveló que el GDO Caicedo obtenía ingresos cercanos a los 800 millones de pesos mensuales mediante la explotación de estas rentas criminales. Los lotes ilegales eran comercializados por montos que oscilaban entre los 30 y 40 millones de pesos. Además, la estructura criminal violentaba las redes de servicios públicos para distribuir agua y electricidad de manera ilegal, cobrando a los ocupantes tarifas mensuales de entre 150 y 300 mil pesos por el consumo.
El operativo policial también permitió la captura de ocho criminales vinculados a estas mismas actividades delictivas, asestando un duro golpe a la estructura que aterrorizaba a los habitantes del norte de Medellín.