Una fuerte polémica sacude el sector agropecuario tras las denuncias conocidas sobre el manejo de la contratación en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). El centro del debate gira en torno a la expedición de la Resolución 407 del 6 de agosto, un acto administrativo con el que la entidad habilitó de manera excepcional el sábado 8 de agosto como día hábil para adelantar actuaciones presupuestales, misionales, precontractuales y contractuales.
Las alertas por los contratos de última hora
Frente a este escenario, se teme que haya en juego unos 250.000 millones de pesos en contratos de última hora, los cuales, según las alertas generadas, se pudieron firmar en la modalidad de teletrabajo. La situación provocó una inmediata reacción del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien alertó no solo por el monto de los procesos que deben ser revisados, sino porque hay algunos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que ha estado involucrada en graves escándalos de corrupción.
La respuesta de Pachón a Bolívar
El exsenador del Pacto Histórico, César Pachón, respondió a las críticas del también petrista Gustavo Bolívar, quien cuestionó la decisión. Pachón señaló que no se debe atacar a un compañero de coalición y defendió la legalidad de la medida, argumentando que responde a necesidades operativas de la entidad.
No se le dispara a un compañero. Aquí lo que hay es un ataque sistemático contra la reforma agraria y contra quienes la estamos implementando.
El funcionario, que volvió a la ADR el 8 de agosto, insiste en que los contratos se firmaron bajo los protocolos legales y que cualquier observación debe hacerse a través de los canales institucionales. Sin embargo, las voces críticas dentro del propio Pacto Histórico piden que se declare insubsistente a Pachón, a quien tildan de 'sinvergüenza' por presuntas irregularidades.
El impacto en la comunidad
La situación ha generado un fuerte malestar en el sector agropecuario y en la opinión pública, que ve con preocupación el uso de mecanismos excepcionales para agilizar contratos millonarios. Organizaciones sociales y veedurías han solicitado a los órganos de control una investigación exhaustiva para determinar si hubo beneficios indebidos o violaciones a la contratación estatal.