Un operativo sin precedentes en el Atlántico ha puesto en evidencia un choque institucional entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). La controversia gira en torno al proceso licitatorio LP‑2026‑003, que contempla un contrato por $2.000 millones para la ejecución de actividades operativas, administrativas, misionales y de participación ciudadana de la autoridad ambiental.
El desencuentro inició cuando Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia, solicitó a través de su cuenta en la red social X la suspensión temporal del proceso de contratación. Este llamado generó un debate institucional sobre la transparencia y legalidad del proceso.
Por su parte, la CRA ha manifestado su compromiso de responder detalladamente cada uno de los requerimientos planteados por la Secretaría de Transparencia, reafirmando su voluntad de esclarecer cualquier inquietud y garantizar la correcta ejecución del contrato.
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico respondió que atenderá cada interrogante planteada para mantener la transparencia en el proceso.
Este episodio pone sobre la mesa la importancia de la vigilancia y el control en los procesos de contratación pública, en especial cuando se trata de recursos significativos para el desarrollo de actividades ambientales y sociales en la región.