Un operativo sin precedentes
Un intenso choque institucional y jurídico estalló entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Gobernación de Antioquia tras la presentación del informe de una auditoría integral que abarcó la gestión territorial entre 2025 y junio de 2026. El órgano de control nacional, encabezado por el superintendente Daniel Quintero Calle, reveló la detección de 23 hallazgos administrativos, 6 con posible alcance disciplinario para la Procuraduría, 4 de carácter fiscal para la Contraloría y 3 de índole penal remitidos a la Fiscalía General de la Nación.
Lejos de quedar en un debate técnico, el enfrentamiento escaló al ámbito penal luego de que la Supersalud anunciara denuncias formales contra la secretaria de Salud departamental, Alma Solano Sánchez.
El impacto financiero en la mira
El aspecto financiero con mayor impacto en las pesquisas corresponde a una presunta malversación de 4.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos que estaban destinados a financiar acciones de salud pública en municipios de categorías 5 y 6. Según la investigación técnica de las delegaturas de la Superintendencia, dichos fondos terminaron consignados en cuentas bancarias de Empresas Sociales del Estado (ESE) sin que se formalizaran contratos previa y debidamente, y por fuera de las cuentas maestras oficiales, vulnerando mandatos constitucionales y legales.
Adicionalmente, el organismo detectó irregularidades en la transferencia directa de dinero en municipios como Guarne y advirtió que los rendimientos financieros derivados de estas sumas nunca retornaron a las arcas estatales públicas.
Tragedias que exigen justicia
A la par con la severidad del componente fiscal, el informe incluyó expedientes de profunda gravedad social catalogados con alcance penal. El superintendente Quintero destacó entre ellos dos trágicos casos que involucran a comunidades indígenas: el deceso de una gestante menor de 15 años de la etnia Embera, atribuido a la falta de activación de protocolos de atención para embarazos de alto riesgo, y la muerte de una niña Embera Chamí en el municipio de Andes, cuyo fallecimiento tardó 138 días en ser advertido y reportado por las autoridades territoriales.
Frente a la contundencia de las acusaciones, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, rechazó rotundamente las conclusiones del informe y defendió que la administración departamental ha actuado bajo principios de estricta transparencia y probidad.
El caso sigue escalando mientras la Gobernación exige respuestas de la Superintendencia, en un pulso que tendrá repercusiones en los ámbitos político, fiscal y judicial de la región.