Tras el fallo del Consejo de Estado que destituyó a Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, ella manifestó su preocupación por lo que consideró un desbordamiento normativo en la argumentación que deslegitimó sus estudios en París, los cuales afirmó son pertinentes para el cargo que ocupaba.
Tan débil fue el análisis del Consejo de Estado que el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil decidió salvar su voto, porque nunca se logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo de mi nombramiento.
Rusinque criticó que el fallo se basa en la premisa insostenible de considerar que su maestría en Ciencias Políticas y Sociales, obtenida en una reconocida institución parisina, no tiene relación con las funciones de la Superintendencia, ignorando las conexiones entre mercado, competencia y relaciones de poder.
A pesar de lo certificado por la Universidad de París II sobre la naturaleza y contenido de mi título, el Consejo de Estado decidió ignorar estos estudios, en un claro defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Además, señaló que el fallo deslegitima al Ministerio de Educación de Colombia al desconocer el régimen para la convalidación de títulos de posgrado, aplicando exigencias no contempladas en la normativa vigente y sin justificar la prescindencia de la certificación expedida.
No se trata únicamente de un documento académico, sino de un acto formal con presunción de legitimidad, respaldado por una de las más altas casas de estudio del derecho.
Rusinque cuestionó que el Consejo de Estado haya adoptado un estándar probatorio restrictivo al desconocer su experiencia como docente investigadora en Derecho Público y Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, imponiendo exigencias excesivas.
Se excluye sin fundamento una trayectoria profesional amplia y pertinente para el cargo. A pesar de ello, me reconocieron ocho años y seis meses de ejercicio profesional, más que los cuatro años que acreditaban el requisito.
Finalmente, Rusinque expresó su inquietud porque las instituciones judiciales se conviertan en armas políticas para perseguir al progresismo y bloquear las transformaciones profundas que el país necesita para lograr desarrollo y justicia social.