La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oficializó el 2 de junio el envío del expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la masacre ocurrida el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra, Santander. Ese día fueron asesinados los líderes campesinos Josué Vargas Mateus, Miguel Ángel Barajas Collazos y Saúl Castañeda Zúñiga, junto a la periodista Silvia Margarita Duzán Sáenz, hermana de la reconocida comunicadora María Jimena Duzán.
Una masacre en medio del conflicto armado
Según la CIDH, hombres armados irrumpieron en el lugar donde se encontraban reunidos los líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) y la periodista, y les dispararon hasta causarles la muerte. La ATCC, que promovía la resistencia civil no violenta, había denunciado reiterados hostigamientos en una región azotada por guerrillas, paramilitares y agentes estatales.
La responsabilidad del Estado y la impunidad
La CIDH concluyó que existían elementos suficientes para determinar que las amenazas y hostigamientos contra los integrantes de la ATCC ocurrieron con la aquiescencia de agentes estatales. Además, cuestionó que las autoridades no adoptaron medidas efectivas para proteger a las víctimas pese a las alertas previas. La investigación judicial presentó graves deficiencias, incluyendo prolongadas demoras y la intervención de la justicia penal militar, lo que ha mantenido el caso en la impunidad durante más de tres décadas.
Por la masacre fueron investigadas 37 personas, incluyendo al paramilitar Hermógenes Mosquera, alias Mojao. En 2020, la Fiscalía declaró el homicidio como crimen de lesa humanidad, pero la investigación no ha avanzado más allá de esto. Todo lo que se conoce del crimen es gracias a la investigación que hizo María Jimena Duzán.
Lo que la CIDH solicita a la Corte IDH
- Reparación integral para los familiares de las víctimas, incluyendo compensaciones por daños materiales e inmateriales.
- Atención en salud física y mental para los afectados.
- Continuación de las investigaciones para identificar y sancionar a todos los responsables.
- Garantías de no repetición mediante programas de capacitación sobre debida diligencia en investigaciones relacionadas con grupos paramilitares.
El caso entra ahora en una nueva etapa internacional en busca de verdad, justicia y reparación para una de las masacres más emblemáticas contra líderes sociales y periodistas en Colombia.