El escándalo de corrupción de 'Centros Poblados', ocurrido durante el gobierno del expresidente Iván Duque, sumó un nuevo fallo judicial. Ottomar José Lascarro Torres fue condenado a 12 años y nueve meses de prisión por su participación en este entramado ilegal que desvió millonarios recursos destinados a llevar internet a zonas rurales del país.
Los hechos que llevaron a la condena
El caso se originó en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de las TIC —entonces dirigido por Karen Abudinen— y la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por varias empresas. El objetivo era conectar a internet 7.277 escuelas rurales en diversos departamentos, con un valor superior al billón de pesos. Como anticipo, se giraron aproximadamente $70.000 millones, los cuales desaparecieron.
El papel de Lascarro en el entramado
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, demostró que Lascarro fue quien aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad, acreditándolas como idóneas para quedarse con el billonario negocio. Con estos documentos falsos, indujo en error a los funcionarios del MinTIC que adjudicaron el contrato.
"De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTIC que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos. Por las actuaciones irregulares que permitieron a Centros Poblados quedarse con el proyecto, el empresario recibió más cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos", manifestó la Fiscalía.
La sentencia y las penas impuestas
Un juez de Conocimiento de Bogotá declaró a Ottomar Lascarro culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión de 12 años y nueve meses, deberá pagar una multa de $2.452 millones y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
Antecedentes del caso
Este no es el único procesado en el escándalo. Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, también fue judicializado por la Fiscalía. El caso sigue siendo investigado para determinar otras responsabilidades en el desvío de los recursos públicos.