El escándalo de corrupción de 'Centros Poblados', ocurrido durante el gobierno del expresidente Iván Duque, sumó un nuevo capítulo judicial. Ottomar Lascarro fue condenado a 12 años y nueve meses de cárcel por su participación en este entramado ilegal que involucró al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
El origen del escándalo: un contrato de internet para escuelas rurales
El caso se remonta al contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio TIC, entonces liderado por Karen Abudinen, y la Unión Temporal Centros Poblados. El objetivo era conectar a internet 7.277 escuelas en zonas rurales del país. El valor del contrato superaba el billón de pesos, y se giró un anticipo de aproximadamente $70.000 millones que terminaron extraviados.
La maniobra de Lascarro para quedarse con el negocio
La Fiscalía demostró que Lascarro aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas suyas, presentándolas como idóneas para ejecutar el proyecto. Esto indujo en error a los funcionarios del MinTIC que adjudicaron el contrato a la unión temporal. Por sus acciones, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, transferidos a una cuenta bancaria en Estados Unidos.
La condena y las penas impuestas
Un juez de Conocimiento de Bogotá declaró a Lascarro culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de los 12 años y 9 meses de prisión, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
"De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTIC que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos", manifestó la Fiscalía.