La Contraloría General de la República emitió un contundente informe que advierte sobre los riesgos fiscales y la inviabilidad jurídica del decreto propuesto por el Gobierno para trasladar de manera inmediata más de 25 billones de pesos del ahorro pensional invertido en fondos privados a Colpensiones. Esta medida, impulsada por el presidente Gustavo Petro, contraviene la reforma pensional vigente y podría afectar gravemente el patrimonio público.
El proyecto de decreto plantea un traslado exprés de los recursos en un plazo de 15 días, lo que forzaría una liquidación acelerada de inversiones fuera de los tiempos estipulados, generando un detrimento patrimonial significativo. Además, la Contraloría señala que la mayoría de los afiliados que ejercieron la opción de traslado aún no cumplen la edad para pensionarse, lo que hace jurídicamente inviable el traslado total de sus recursos.
El artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 permite que colombianos a menos de 10 años de pensionarse puedan cambiar de régimen siempre que cumplan con semanas cotizadas específicas, pero establece que los recursos deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se consolide la pensión. La Contraloría enfatiza que el decreto del Ejecutivo incumple esta norma, pues busca convertir el ahorro pensional en gasto corriente inmediato.
- El traslado inmediato de los recursos podría aumentar el pasivo pensional del Estado.
- No existe un mecanismo institucional vigente para recibir los recursos trasladados, pues el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo aún no ha sido creado.
- La medida pondría en riesgo la estabilidad financiera y la rentabilidad que actualmente obtienen los fondos en el exterior.
- El uso del ahorro pensional para gasto corriente afectaría la garantía de una vejez digna para los afiliados.
- La iniciativa podría generar responsabilidades fiscales para los funcionarios que la implementen.
David Fernández, delegado de la Contraloría para el Sector Trabajo, explicó que el traslado implicaría una pérdida aproximada del 4% en intereses que hoy se obtienen en el exterior, además de indemnizaciones por la cancelación de contratos de inversión. Esto supondría un perjuicio económico para los ahorradores y un detrimento al patrimonio público.
“Traer del exterior los 25 billones significaría perder contratos ya firmados y una pérdida gigantesca de recursos, además del pago de indemnizaciones por cancelación de esos contratos.”
El informe también destaca que el ahorro pensional es un recurso parafiscal protegido por la Constitución, y que cualquier disposición del Ejecutivo debe garantizar la rentabilidad y la custodia adecuada de estos recursos. La Contraloría concluye que la medida propuesta no cumple con estos principios y es jurídicamente inviable.
Ante las críticas y cuestionamientos legales, el borrador del decreto está abierto para comentarios, pero la mayoría de las opiniones lo califican como inconstitucional. Diversos sectores ya preparan demandas para frenar esta iniciativa que podría afectar a miles de colombianos y las finanzas públicas.