La Contraloría señala fallas en la gestión de subsidios rurales
La Contraloría General de la República alertó sobre irregularidades en el programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), con hallazgos fiscales que superan los $9.600 millones. La auditoría, que abarcó el periodo entre 2000 y 2019, fue realizada al Banco Agrario y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Más de 10.000 subsidios sin cierre financiero ni ejecución
Durante los años 2000 a 2017, el Banco Agrario ejecutó los subsidios a través de municipios, departamentos y cajas de compensación, mientras que desde 2018 el Ministerio de Agricultura asumió la operación. Sin embargo, de los 13.195 subsidios otorgados en 2018 y 2019, solo 2.412 se han terminado. Esto deja 10.461 subsidios pendientes sin cierre financiero.
La situación se complicó tras modificaciones contractuales en diciembre de 2023, que limitaron la ejecución y extendieron el plazo de algunos contratos hasta diciembre de 2025. Además, aplazamientos y reducciones presupuestales en 2024 han frenado la entrega de viviendas a miles de beneficiarios rurales.
La autogestión no avanza y la supervisión presenta deficiencias
El programa contempla una modalidad de autogestión para subsidios vinculados a restitución de tierras. En 2022 se emitieron 670 resoluciones, pero a julio de 2025 solo se habían materializado 158 viviendas bajo esta modalidad. La Contraloría advirtió la necesidad de un seguimiento riguroso para garantizar la ejecución efectiva.
Además, se identificaron falencias en la supervisión del Ministerio de Agricultura, que afectan la correcta administración de recursos públicos y la consecución de los objetivos sociales del programa.
Las irregularidades podrían derivar en sanciones y procesos judiciales
- 14 hallazgos administrativos detectados en la auditoría.
- 9 hallazgos con connotación fiscal por $9.666.802.217.
- 6 hallazgos con posible incidencia penal.
- 12 hallazgos con alcance disciplinario para investigaciones.
Las irregularidades detectadas no solo comprometen recursos públicos, sino que afectan el derecho fundamental a una vivienda digna para miles de familias rurales, señaló la Contraloría.
¿Cómo impactará esta situación a los beneficiarios del programa?
El retraso en la ejecución y los problemas administrativos ponen en riesgo la entrega de viviendas a miles de familias campesinas que dependen de este programa. La Contraloría insiste en la necesidad de fortalecer la supervisión y garantizar la transparencia para cumplir con los compromisos sociales.