La auditoría nace tras denuncia ciudadana sobre irregularidades
La investigación especial de la Contraloría de Antioquia surge a partir de una denuncia presentada por la veedora ciudadana Gloria Patricia Jaramillo. La denuncia señala presuntas irregularidades en el relevo del contratista encargado de las turbinas 5 a 8 de Hidroituango, generando inquietud sobre la gestión y manejo de los recursos públicos en este proyecto estratégico.
El cambio se efectuó en 2024, bajo la dirección de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y con Daniel Quintero como presidente de la junta directiva. La licitación tuvo como único oferente a CCC Ituango, empresa que había trabajado en el proyecto por más de diez años, antes de que un nuevo consorcio liderado por Schrader Camargo y la firma china Yellow River asumiera la construcción.
La contraloría examina el impacto fiscal del cambio de contratista
La Contraloría General de Antioquia busca verificar con rigor técnico, y sin prejuzgar responsabilidades, si dichas decisiones generaron impactos fiscales en una de las obras de infraestructura más relevantes del país y si se configuraron eventuales responsabilidades fiscales, dada la magnitud de los recursos públicos comprometidos.
El presupuesto del proyecto pasó de 410.000 millones a cerca de 900.000 millones de pesos, sin que se evidencie una variación proporcional en el alcance técnico de las obras. La auditoría busca determinar si este aumento está justificado y si el cambio de contratista afectó la ejecución y eficiencia del proyecto.
Retrasos en turbinas afectan economía y suministro energético
El retraso en la puesta en marcha de las turbinas ha generado un impacto económico significativo. Según la denuncia, el lucro cesante desde julio de 2023 asciende a 5.000 millones de pesos diarios, afectando tanto a la empresa como a las comunidades que dependen de esta fuente de energía.
La sociedad espera claridad y medidas efectivas tras auditoría
La auditoría ha generado diversas opiniones. Algunos la ven como un paso crucial para garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos, mientras otros temen que el proceso pueda retrasar aún más el proyecto. La expectativa es que la investigación permita esclarecer responsabilidades y proteger los intereses del Estado y la ciudadanía.