La estabilidad de las finanzas públicas en el país entró en una fase de estricta vigilancia por cuenta del más reciente informe de la Contraloría General de la República. El organismo fiscalizador emitió una alerta severa ante el desfinanciamiento que padece el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el rápido ritmo con el que el Ejecutivo está adquiriendo nuevos compromisos crediticios, tanto en el mercado interno como en el exterior, una coyuntura que ya derivó en acciones de carácter disciplinario contra altos funcionarios de la cartera económica.
Una lupa sobre el cupo de endeudamiento
La lupa está puesta sobre las decisiones de la banca pública y el Ministerio de Hacienda, puntualmente en la gestión del cupo de endeudamiento. Según los datos del ente de control, durante los primeros seis meses de 2026, el Estado ya comprometió el 76 por ciento de su margen legal para adquirir pasivos, una cifra que equivale a 64 billones de pesos.
Se investiga el cambio de obligaciones financieras por tasas más costosas, lo que agrava la situación fiscal del país.
El informe también señala que el Gobierno ha recurrido a operaciones de refinanciamiento que, lejos de aliviar la presión fiscal, han incrementado el costo de la deuda. La Contraloría advierte que, de continuar esta tendencia, el país podría enfrentar una crisis de liquidez en el corto plazo.