El Consejo de Estado ordenó la suspensión del decreto 415 de 2026, mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro pretendía trasladar de forma exprés $25 billones en inversiones del exterior de los fondos privados de pensión (AFP) hacia el fondo público Colpensiones. La alta corte argumentó que esta medida no se ajusta a lo aprobado por el Congreso en la reforma pensional de 2024, que establece que dichos recursos deben continuar bajo la administración de los fondos privados hasta que los trabajadores accedan a la pensión.
Ante esta decisión, el presidente Petro criticó duramente al Consejo de Estado, afirmando que la suspensión permite “robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores” y convocó a una movilización general el primero de mayo para defender el derecho a la pensión, reducir tasas de interés y fomentar el empleo.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) respondió rechazando estas declaraciones y las de algunos ministros, señalando que representan un riesgo para la institucionalidad y la independencia de la Rama Judicial. La CEJ enfatizó que el control judicial es un mecanismo clave dentro del sistema de pesos y contrapesos, y una garantía contra posibles arbitrariedades del poder público.
“La independencia judicial constituye una garantía esencial para la ciudadanía frente a posibles actos arbitrarios del poder. Es preciso que las decisiones emitidas por las Altas Cortes sean observadas y respetadas, no solo en su contenido, sino también mediante el reconocimiento institucional de la dignidad inherente a la Rama Judicial.”
La CEJ advirtió también sobre la importancia de que los jueces puedan ejercer sus funciones sin presiones, intimidaciones o estigmatizaciones públicas. En ese sentido, cuestionó el uso de términos como 'robo' por parte del presidente Petro para referirse a la aplicación de la ley por parte del Consejo de Estado, pues esto constituye una acusación institucional que pone en riesgo la seguridad de los magistrados y debilita la confianza en el Estado de Derecho.
“Sostener que una decisión judicial respalda el hurto de fondos de quienes aportan al sistema de pensiones no solo es un exceso, sino también una acusación institucional que pone en peligro la seguridad de los magistrados y debilita la confianza en el Estado de Derecho.”
Finalmente, la Corporación hizo un llamado a la ‘cordura institucional’ y solicitó el cese de los ataques verbales contra la Rama Judicial como forma de ejercer el poder, advirtiendo que deslegitimar el control judicial mediante llamados a movilizaciones o a una asamblea constituyente pone en riesgo la estabilidad del modelo constitucional colombiano.