Un operativo judicial sin precedentes terminó con la anulación de una condena de nueve años de prisión contra una mujer trans, llamada Camila, debido a fallas graves en el procedimiento penal que violaron su derecho fundamental al debido proceso.
El caso se originó en Buenaventura, después de la captura de Camila en diciembre de 2018, cuando la policía la detuvo por presuntamente portar un arma de fuego artesanal. Aunque la Fiscalía presentó la acusación en enero de 2019 y la formulación se realizó en abril del mismo año con la presencia de la acusada y su abogado, la audiencia preparatoria no se realizó sino hasta septiembre de 2024, momento en que Camila ya no se encontraba presente.
La Corte Constitucional destacó que durante todo el proceso no se agotaron los mecanismos para notificar adecuadamente a la procesada, pese a contar con sus datos de contacto y dirección. Solo se registró un intento fallido de comunicación telefónica, y el expediente permaneció inactivo por más de cinco años, lo que generó un distanciamiento razonable entre la acusada y el proceso judicial.
Además, el tribunal resaltó que la defensa técnica no fue efectiva, ya que el defensor público asignado no presentó estrategias de defensa ni recursos legales para proteger los derechos de Camila. La ausencia de una verdadera representación legal y la falta de notificación adecuada llevaron a la Corte a anular todas las actuaciones desde la audiencia preparatoria.
“El juez penal debe valorar con especial cuidado la manera en que transcurre la actuación penal, no es razonable exigirle a una persona que permanezca indefinidamente amarrada a un proceso que no se movió durante años.”
Como resultado, la Corte ordenó la libertad inmediata de Camila y la reanudación del proceso penal desde la audiencia preparatoria, asegurando que se corrijan las irregularidades que vulneraron sus derechos.