La Corte Constitucional sigue de cerca el cumplimiento de la sentencia que protegió los derechos de los recicladores de oficio y convocó a una nueva mesa técnica para discutir el impacto del nuevo marco tarifario de aseo.
La decisión quedó consignada en un auto del 2 de julio, firmado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que fijó para el próximo 17 de julio una reunión con entidades del Gobierno, el Distrito y organizaciones de recicladores para revisar si la propuesta regulatoria mantiene las acciones afirmativas ordenadas por la Corte desde hace más de dos décadas.
El expediente corresponde al seguimiento de la Sentencia T-724 de 2003, una decisión que marcó un precedente al establecer que el Distrito vulneró los derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso de los recicladores al excluirlos de un proceso de contratación del servicio de aseo.
Preocupación por el nuevo marco tarifario
Ahora, la preocupación gira alrededor del nuevo marco tarifario que prepara la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Varias organizaciones de recicladores, entre ellas Ecoalianza, advirtieron a la Corte que la propuesta podría traducirse en cargas económicas y administrativas que terminarían afectando la permanencia de los recicladores en la actividad y reducir sus ingresos. También cuestionaron la falta de acceso a información técnica y reclamaron mayores espacios de participación durante la construcción de la regulación.
Sin embargo, la Corte dejó claro que la mesa técnica no busca anticipar un juicio sobre la legalidad del nuevo marco tarifario ni sustituir las competencias de la CRA. Su propósito, explicó, es obtener información técnica suficiente para establecer si las nuevas reglas son compatibles con las acciones afirmativas ordenadas en favor de los recicladores y si existe algún riesgo de retroceso en la protección de sus derechos.
Los puntos clave de la reunión
Durante la diligencia, la CRA deberá explicar cuáles son los principales cambios frente al esquema tarifario vigente, cómo impactan la actividad de aprovechamiento y qué medidas contempla para evitar afectaciones a las organizaciones de recicladores. Por su parte, los representantes del gremio deberán sustentar con elementos concretos cuáles son las disposiciones que consideran problemáticas y qué ajustes creen necesarios para garantizar la continuidad de las medidas de protección ordenadas por la Corte.
El auto también negó una solicitud de Ecoalianza para acceder al expediente del caso. La Corte explicó que el expediente original fue devuelto en 2003 al juzgado que conoció inicialmente la tutela y que actualmente la corporación no cuenta con una copia física o digitalizada, por lo que no era posible entregar la documentación solicitada.
Participantes de la mesa técnica
A la mesa técnica fueron citados representantes de la CRA, el Ministerio de Vivienda, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría Jurídica de Bogotá y distintas organizaciones de recicladores, entre ellas la Asociación Nacional de Recicladores, la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) y Ecoalianza. La reunión se realizará el 17 de julio, en el Palacio de Justicia, en Bogotá.