La Corte frena modalidad de contratación directa con asociaciones populares
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294 de 2023, que instauraban la figura de asociaciones público-populares para facilitar la contratación directa del Estado con personas naturales y entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la economía popular y comunitaria.
Estos artículos permitían celebrar contratos para proyectos relacionados con infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias, cultura, producción de alimentos, gestión comunitaria del agua, saneamiento básico y otros sectores de interés social y productivo.
Las razones para tumbar los artículos y sus implicaciones
La demanda que llevó a la Corte a tomar esta decisión argumentó que estas disposiciones vulneraban el principio de igualdad, afectaban la libre competencia y contravenían el marco constitucional para la contratación pública establecido en el artículo 355 de la Constitución.
Además, se señaló que estas normas omitían cumplir con los requisitos reglamentarios para contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y que la regulación debería haberse reservado a decretos autónomos constitucionales.
"Las reglas y principios que rigen los contratos estatales exigen la observancia de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva, requisitos que no cumplían estas modalidades de contratación."
Dos magistrados salvaron su voto y otros dos aclararon su posición, pero la mayoría determinó la inexequibilidad de los artículos.
Contratación directa fue bandera de campaña con resultados cuestionados
La contratación directa con organizaciones comunales fue una de las propuestas centrales del presidente Gustavo Petro en materia de contratación pública. Sin embargo, informes recientes de la Contraloría evidencian resultados deficientes, como en el proyecto Caminos para la Paz, que hasta diciembre de 2025 solo había avanzado en el 0,36 % de los kilómetros planeados.
Los artículos también establecían límites financieros para los proyectos y aportes públicos, buscando que los contratos se financiaran parcialmente con recursos o aportes en especie de las asociaciones.
¿Cómo impactará esta decisión en la contratación pública comunitaria?
Con la caída de estos artículos, el Gobierno deberá replantear las modalidades de contratación que involucran a organizaciones comunitarias y populares, respetando los principios constitucionales y normativos vigentes.
La decisión genera incertidumbre sobre el futuro de proyectos sociales y productivos que buscaban fortalecer la economía popular mediante la contratación directa, y plantea el reto de encontrar mecanismos que garanticen transparencia, igualdad y eficiencia.