La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Ciro Ramírez a 23 años de prisión por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, relacionados con el escándalo conocido como 'las marionetas'.
El fallo señala que Ramírez participó en un entramado criminal que direccionó ilegalmente contratos públicos desde 2021, en coordinación con funcionarios y asesores de entidades territoriales, con el fin de fortalecer su proyecto político en regiones como Quindío, Caldas, Santander y Tolima.
Según la investigación, el congresista y sus cómplices pactaron la firma de contratos interadministrativos entre la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), por montos superiores a 48 mil millones de pesos, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías que limita la contratación directa.
- Designación de contratistas por parte de Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez para proyectos en Saldaña y Quindío.
- Direccionamiento de obras e interventorías en Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar a favor de empresas representadas por Anderson González González.
- Pago de dádivas por un valor aproximado de 1.000 millones de pesos para fortalecer la campaña política de Ramírez.
La Corte destacó que el apoyo electoral coordinado por los implicados se reflejó en un aumento significativo de votos para Ramírez en departamentos estratégicos, evidenciando el vínculo entre la corrupción contractual y la consolidación política.
“El senador se valió de su cargo para intervenir en procedimientos administrativos y de contratación, obteniendo provecho ilícito mediante múltiples conductas punibles en detrimento del Estado.”
Además de Ramírez, la investigación identificó como integrantes de la organización criminal a Pierre Eugenio García Jacquier, Pablo César Herrera Correa, Alejandro Noreña Castro, Katherine Rivera Bohórquez, Anderson González González y Raúl Cardozo Ordóñez, quienes desempeñaban roles clave en la estructura corrupta.
La sentencia confirma que el esquema no solo afectó la legalidad en la contratación pública, sino que también buscaba utilizar recursos estatales para consolidar un proyecto político personal, lo que motivó la severa condena por parte de la Corte Suprema de Justicia.