Judicial

Exgobernador de Arauca, Julio Acosta, condenado por contrato irregular de hospital

Julio Enrique Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, fue condenado a 4 años de prisión por la Corte Suprema por irregularidades en un contrato de ampliación del Hospital San Vicente. El tribunal le negó la suspensión condicional de la pena, pero concedió casa por cárcel.

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Foto: La voz del país

La Corte Suprema de Justicia condenó, en primera instancia, al exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, dentro de un proceso relacionado con la construcción y ampliación de una torre del Hospital San Vicente de Arauca.

Los detalles del contrato que llevaron a la condena

El caso se remonta al contrato 322 de 2005, suscrito con el Consorcio Castell Camel Cadena Fawcett para ejecutar las obras de ampliación del principal centro hospitalario del departamento. De acuerdo con la sentencia, durante el juicio se demostró que Acosta Bernal conocía las irregularidades que se habían presentado en la etapa precontractual y que comprometían los principios de economía y planeación que rigen la contratación pública. Pese a ello, decidió suscribir el contrato y, dos años después, en 2007, incrementó su valor.

Contaba con todas las facultades necesarias para poder determinar su actuación de tal manera que se respetaran los principios de la contratación pública. Su capacidad de entendimiento le permitía razonar que al no respetar los principios de economía y planeación se estaba lesionando a la administración pública y, aun así, optó libremente por proseguir con la actuación.

Las sanciones impuestas y la medida sustitutiva

Además de la condena de prisión, la Corte le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por más de cinco años y una multa superior a los 20 millones de pesos. El alto tribunal le negó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Sin embargo, le concedió la casa por cárcel como sustituto de la pena privativa de la libertad, medida que se hará efectiva una vez la decisión quede en firme.

Sara Valentina Quevedo Delgado, periodista judicial de El Tiempo, reportó esta información el 3 de junio de 2026.

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